Salud en Guatemala, políticas que no pasan del papel
Expertos consultados aseguran que aunque Guatemala cuenta con políticas en salud, estas no pasan de ser meras listas de buenas intenciones que se imprimen en papel.
Si un ministerio ha recibido duras críticas, ese ha sido el de Salud y Asistencia Social. Bajos presupuestos que no alcanzan para mejorar su infraestructura, falta de abastecimiento de medicinas, bajos salarios para el personal médico y más de 40 sindicatos que le han hecho la existencia imposible a muchos ministros, es la triste historia de esta cartera.
Como casi todo en la vida, los criterios se dividen, según el punto de vista desde el que se analice la situación. Para unos, la nueva ministra le ha dado un giro especial, social y hasta radical a la administración del sector salud pública. Pero, para otros, la situación sigue igual o hasta peor.
Y es que quizás de todo hay un poco de cierto, pues los extremos nunca son del todo confiables. Pero lo que si no se ve con claridad y certeza, es la existencia de políticas públicas que orienten con seguridad y paso firme los pasos que se dan en esta cartera. La mayoría dice que existen, pero critican que el problema es que ningún ministro, incluida la actual, las pone realmente en marcha.
Arturo Adolfo Quevedo Girón, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos.
Como en la mayoría de ministerios, lo que se refleja es una serie de políticas de gobierno, más no de Estado, que no son lo mismo. Y ese es quizás el gran problema del país. En todas las áreas, cada cuatro años, con la llegada de un nuevo mandatario, se da una especie de borrón y cuenta nueva, echando por la borda lo actuado en la senda correcta para reiniciar otro rumbo.
En cambio, si se pusieran en práctica políticas de Estado, la cosa sería diferente, pues cada funcionario debiera seguir orientado por estas, con lo que se le daría seguimiento a los programas positivos y se avanzaría en la ruta del bienestar social y no en la consecución de metas particulares y cortoplacistas.
Sí, pero no
El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Arturo Adolfo Quevedo Girón es de quienes piensa que, “definitivamente las políticas en salud existen”. Sin embargo, entre líneas reconoce que se trata de políticas de gobierno, mas no de Estado, cuando asegura que “cada gobierno o cada partido político que llega al poder, elabora sus propias políticas y sus propias estrategias. Y hay que reconocer que todas van orientadas hacia el objetivo de mejorar la salud en Guatemala”.
«La falta de abastecimiento y la falta de presupuesto hace que la prestación de salud, que es un mandato constitucional, no se cumpla».
El gran problema, según el galeno, de especialidad anestesiólogo, es que al final los objetivos no se logran por diferentes razones, y eso se evidencia luego en los indicadores que hacen no tar ante la opinión pública que la salud de los guatemaltecos, en términos generales, lejos de mejorar, empeora.
Por eso, dice que ve “con preocupación que hay un estancamiento, que no hay una cobertura real, ni extensión de cobertura, ni infraestructura nueva”.
Es más, Quevedo sostiene que no es difícil darse cuenta de ello, pues la misma prensa informa con regularidad sobre los distintos problemas que enfrenta este sector en términos de “falta de abastecimiento, falta de presupuesto, que hace que la prestación de salud, que es un mandato constitucional, no se cumpla”.
Durante la conversación que Revista GERENCIA tuvo con el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, él enfatizó en que el ente rector, el responsable de elaborar la política en salud es el ministerio, pero reconoce también que existen otras instituciones como el mismo colegio de médicos y las universidades con facultades de medicina, las que pueden tener incidencia y colaborar en ese sentido.
Quevedo reconoce que en los últimos años no ha habido esfuerzos que generen consensos entre todas estas entidades, incluido el ministerio. Pero también hace notar que en los últimos tiempos, con la llegada de la administración que encabeza la ministra Lucrecia Hernández Mack, se han comenzado a abrir esos espacios a través de lo que él denomina la reactivación del Consejo Nacional de la Salud.
En ese cónclave, aunque las reuniones aún no tienen una regularidad establecida, pueden generarse ideas que terminen convirtiéndose en políticas nacionales, promovidas por los distintos órganos involucrados y responsables de mejorar la salud de todos los guatemaltecos.
Quevedo sacó a colación, por ejemplo, los bajos salarios que reciben los médicos del sector público, y aseguró que como entidad gremial es un tema en el que el Colegio debe mediar. Y este no es un tema nuevo, los médicos lo han recalcado por años, han efectuado movimientos que han buscado cambios sustanciales, pero que, aun cuando han conseguido algunos avances, no han sido los suficientes, pues los presupuestos de la nación no son la panacea para responder ante ese deber ser.
Con dificultad y poco convencido de decirlo tan abiertamente, Quevedo contó que hace unos diez años conversaba con un amigo suyo que para entonces era diputado. Según el relato, un día le preguntó que si en Guatemala realmente existía una política de Estado para la Salud, a lo que el congresista y también médico respondió que “era muy lamentable decirlo pero que en Guatemala era política que no hubiese una política de Estado para la Salud”.
Jorge Lavarreda, investigador y analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
Ineficacia para accionar
Jorge Lavarreda, investigador y analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), se remonta a los Acuerdos de Paz para comenzar su explicación sobre las políticas en salud que existen en Guatemala.
Por qué, se preguntarán ustedes. Y yo también lo hice por un momento. Pero luego entendí que Lavarreda quería dejar muy en claro que en esa época y en esos acuerdos se intentó marcar las políticas en salud, principalmente para los temas de cobertura y avanzar en el tema de medicamentos y abaratar costos.
De allí en adelante, según el investigador, cada gobierno ha establecido sus propias políticas en salud. Claro que deja notar que todas han sido bastantes similares en cuanto a sus lineamientos generales, pero reconoce que fue quizás en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con Álvaro Colom, que se generó el más amplio y general -en lo que puede llamarse- el paradigma de los derechos a la salud.
Esa situación, dice, no varió casi en nada durante el gobierno patriota de Otto Pérez Molina, y más bien parece que lo que hicieron fue darle seguimiento a lo que venía haciéndose, con un énfasis en fortalecimiento del primer nivel en salud, principalmente en la estrategia de extensión de cobertura.
Un problema que comienza a presentarse, según Lavarreda, es que se incrementa perjudicialmente la rotación de funcionarios (“ministros y sus equipos”).
Este gobierno no fue muy diferente al comienzo. Incluso dio un giro casi instantáneo en su cúpula, pues cambió al ministro por la actual ministra, ya casi en la etapa final del año pasado. Con este cambio se vuelve a hacer variar la política que se traía desde la UNE en cuanto al fortalecimiento del primer nivel en salud y se vuelve a un tema más amplio, que define 4 ejes de trabajo: rectoría y gobernanza del ministerio, acceso universal con un modelo incluyente en salud, fortalecimiento del ministerio de salud y gestión transparente.
Si en algo coincide Lavarreda con el doctor Quevedo, es en que aunque se tienen políticas y estrategias definidas, el gobierno ha sido incapaz de implementar lo que se plantea en el papel. “Como decimos en buen chapín, el papel aguanta con todo, pero no ha habido capacidad de llevar a la práctica lo que se planifica”.
“Yo diría que es ineficacia, en primer lugar, pues no se logra hacer lo que se pretende”, asegura. Un problema grande, según el investigador del CIEN, es que las cosas se complejizan para estos tiempos. Pues no solo debe lidiarse con las enfermedades del siglo pasado, sino también con las nuevas. Es decir que ya no solo se deben enfrentar infecciones, el tema respiratorio y el tema preventivo en términos generales, sino que ya estamos también con enfermedades crónicas.
El Modelo Incluyente en Salud es considerado una política que ya comenzó en 9 áreas priorizadas, que corresponden a 7 de los departamentos de la estrategia nacional contra la desnutrición crónica.
Entonces, mientras se incrementa la demanda y los tipos de enfermedades, la institucionalidad del país en el tema de la salud no ha evolucionado lo suficiente para atender esas situaciones complejas cada vez más. “Por eso es que vemos esa brecha entre lo que se requiere y lo que se da, lo cual va más allá del tema puramente financiero”, argumenta Lavarreda.
Silencio oficial
En el Ministerio de Salud Pública el silencio reina. Revista GERENCIA intentó por todos los medios posibles conseguir una entrevista con la Ministra o algún representante de su cartera, pero fue definitivamente imposible. La respuesta más concreta a nuestras comunicaciones fue que su agenda estaba muy ocupada.
Sin embargo, aunque no se contó con esa cercanía para conocer la opinión de la cabeza de gestión de la cartera, información pública de las redes sociales da cuenta de que el ministerio considera que durante 2016 logró avances en cuatro temas: Abastecimiento a la red de servicios y ejecución presupuestaria, diálogo y soluciones a problemáticas laborales, modelo incluyente en salud para el fortalecimiento del primer nivel de atención e iniciar el año con 8 hospitales nacionales sin deudas.
En el tema del abastecimiento se asegura que se alcanzó un nivel superior al del 85% en promedio nacional, lo cual es una cifra récord para los últimos años. Además se alcanzó una ejecución presupuestaria del 94%, también superior a las del 2014 y 2015.
El Modelo Incluyente en Salud es considerado una política que ya comenzó en 9 áreas priorizadas, que corresponden a 7 de los departamentos de la estrategia nacional contra la desnutrición crónica.
De lo que se conoce y lo que se critica, es seguro que para 2017 la situación no es nada fácil, pero tampoco imposible de superar. La gestión de Lucrecia Hernández Mack promete, pero falta ver los resultados más palpables por la misma población. Por eso es que este año es una prueba de fuego para ella y sus propósitos.
Romper con la idea de que no se cumple lo que se plantea en papel es un reto para una doctora emergida de los sectores más críticos y golpeados de la sociedad civil. Su madre, la antropóloga Myrna Mack, fue asesinada, y la joven galena perteneció al movimiento estudiantil de la Universidad de San Carlos quizás en los últimos años de más dureza que vivió la Asociación de Estudiantes Universitarios.
Pero eso es solo una carta de presentación que le otorga mucha más responsabilidad, pues debe demostrar que puede hacerse lo que otros no han hecho y que han sido criticados por ella misma.
El reto más grande de Hernández Mack es hacer públicas sus políticas y demostrar que las pone en práctica. Pero, sobre todo, demostrar que son efectivas y que favorecen a la mayoría de la población, pues el verdadero evaluador de su gestión será el pueblo guatemalteco que se verá beneficiado por las acciones de esta administración o bien seguirá sufriendo las penurias de gestiones deficientes e incongruentes en la práctica con lo que plantean en un papel llamándoles políticas de Estado.
Carlos Morales Monzón
Periodista y Profesor Universitario
cmoralesmonzon@yahoo.com