Adiós a los impuestos El gobierno no tiene de dónde generar recursos

Al gobierno no le salen las cuentas. Y todo parece indicar que, haga lo que haga, las mayores probabilidades apuntan a que no le saldrán. Si quiere cumplir con sus previsiones de gasto, deberá recurrir a diferentes tipos de financiamiento, pues algunos de los incluidos en el presupuesto para 2015 han quedado suspendidos por la Corte de Constitucionalidad (CC).

La CC suspendió
temporalmente
el impuesto
a las líneas telefónicas
que prometía
la recaudación
de unos Q112 millones
mensuales.

Los millones esperados por el impuesto a las telefónicas, definitivamente, no llegarán nunca. Y los que suponía habrían de ingresar por el aumento en el impuesto al cemento, tampoco.

Eso sin contar que las finanzas del Estado estuvieron a punto de quedar aún más afectadas, pues si la Corte de Constitucionalidad le otorga amparo provisional a la cementera nacional, el gobierno pudo haberse quedado incluso sin lo que el impuesto le genera desde hace ya bastantes años.

El impuesto al cemento, considerado “un grave daño para la industria de la construcción»,
no se sumará a los fondos del Estado.

Los días pasan y lo que queda esperar es cuál será la decisión definitiva de la CC, pues hasta el momento todo ha quedado en amparos provisionales que mantienen suspendida la aplicación de impuestos que le generarían al Estado poco más de Q,1,600 millones al año. Enero ya concluyó y alrededor de Q137 millones que sólo el impuesto a las telefonías debiera haber generado, ya han quedado en el olvido.

Mientras, en el Ministerio de Finanzas y la Presidencia se quiebran la cabeza para ver de dónde pueden sacar esos fondos que, seguro, están casi perdidos por las resoluciones legales del máximo tribunal del país.

El interponente

Estuardo Ralón, abogado del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), no puede esconder su satisfacción por la decisión de la Corte de Constitucionalidad de suspender provisionalmente el impuesto a la telefonía.

El también interponente de la acción de inconstitucionalidad dice que no pudo haber sido de otra forma, pues todos los elementos estaban colocados en el escenario para darse cuenta, con facilidad, que el impuesto era ilegal.

Ralón considera que la decisión final de la CC irá en el mismo sentido, pues a su juicio no puede ser de otra forma. Explica que es imposible que dentro de una ley específica se quieran hacer modificaciones a una ley ordinaria, como sucedió en el caso de la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para 2015.

Aprobar un impuesto que tendrá una vigencia más allá de la temporalidad que tendrá el decreto con el que se aprobó no era ni lógico ni legal.

Los argumentos de Ralón son compartidos por muchos sectores, no sólo gremiales sino también por centros de análisis e investigación. Y es que, se vea desde el ángulo que se vea, el decreto que dio vida al presupuesto adolece de obvias y evidentes ilegalidades. Todos coinciden en ello, excepto los allegados al gobierno.

Un especialista

Mario Archila, abogado especialista
en el campo tributario.

Mario Archila, un abogado especialista en el campo tributario no es la excepción entre el conjunto de voces que rechazan lo que muchos han dado en llamar los malabares del legislativo.

Según este experto, todavía le fue bien al gobierno, pues estuvo a punto de perder también lo que le ingresa actualmente, y desde hace años, por concepto del impuesto al cemento. “Si los magistrados de la Corte de Constitucionalidad amparan provisionalmente a los interponentes de la acción contra el impuesto al cemento, hubiese significado que el gobierno también dejase de percibir el dinero que por ese impuesto recibe desde años atrás”.

La situación es que en este impuesto lo que se planteaba era un aumento, pues de hecho ya existía, mientras que en el caso de la telefonía era un tributo totalmente nuevo.

Archila cree que para el gobierno, esta es una batalla ya perdida. Después de los fallos que la CC ha emitido en torno a estos casos, lo único que puede esperarse es que confirme la ilegalidad de los tributos a la telefonía y al aumento aplicado al cemento.

Pero, de algún lado tiene que salir ese dinero para financiar el gasto previsto por las autoridades de gobierno en su presupuesto. La pregunta del millón es ¿de dónde?

Estuardo Ralón,
abogado del Cacif.

Y lo que ha parecido más cercano entre las consideraciones que se han hecho a nivel de las autoridades financieras del país y del mismo gabinete económico, es la aprobación de un impuesto a las gasolinas, productos cuyo precio se ha visto favorecido por la tendencia a la baja del mercado mundial del petróleo.

En ese sentido las cosas tampoco parecen ser color de rosa para los gobernantes, pues luego de pronósticos que auguraban un mercado a la baja en el petróleo, que duraría casi todo el año, resulta que la curva ha variado y el punto de inflexión de la caída a la recuperación ya da muestras de estar activado.

Si de verdad no quiere más problemas financieros de los que ya pasa, este gobierno tendrá que utilizar todo su ingenio y, más temprano que tarde, encontrar la forma más ad hoc de hacerse de recursos que le generen los ingresos necesarios para cumplir con sus planes de gasto para lo que queda de su último año de gestión.

Carlos Morales Monzón
Periodista y consultor
Revista GERENCIA
Editorialgerencia@agg.org.gt