Reflexiones sobre la reforma al sistema de salud en Guatemala

La red de clínicas periféricas, centros de salud, hospitales regionales y nacionales administrada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social atiende a cerca
del 70% de la población.

El sistema de salud pública en Guatemala representa uno de los principales desafíos en materia de política y desarrollo para el Estado.

Las noticias sobre el desabastecimiento de insumos y el cierre de algunos servicios médicos se han vuelto comunes y constantes. A raíz del despertar ciudadano y de las investigaciones en temas de corrupción, se han detectado considerables deficiencias en el manejo de los sistemas de salud. No obstante, la gran cantidad de atribuciones y responsabilidades constitucionales que el Estado está obligado a brindar a la población en materia de salud y asistencia social, analistas hacen cuestionar la sostenibilidad del modelo basado en el principio de gratuidad.

Los Antecedentes

Organizacionalmente, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) es el ente encargado de formular y ejecutar la política de salud pública y normar las técnicas para la prestación de servicios de salud. Asimismo, es el rector de la normativa de saneamiento ambiental y el responsable de vigilar su aplicación.

La cobertura de los servicios de salud, en su mayoría, es proporcionada por el sector público. La red de clínicas periféricas, centros de salud, hospitales regionales y nacionales administrada por el MSPAS atiende a cerca del 70% de la población. Los recursos que utiliza tienen origen principalmente en los ingresos fiscales del Estado.

Las noticias sobre desabastecimiento
de insumos y cierre de algunos
servicios en los hospitales públicos
del país se han vuelto comunes y constante.

Para su funcionamiento en 2015, al MSPAS le fue asignado un presupuesto de Q5,647.2 millones. Es el segundo Ministerio del Estado con mayor asignación presupuestal, por detrás del Ministerio de Educación (Q12,295.6 millones). Dentro de la estructura del presupuesto institucional del ejercicio fiscal 2016, el monto asignado al Ministerio de Salud obtuvo una reducción del 2% y se fijó en Q5,529.7 millones.

El presupuesto asignado a Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para 2016 fue fijado en Q5529,7 millones.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) brinda cobertura a sus afiliados y sus familiares, un 17% de la población. La cobertura se encuentra limitada a la adhesión de patronos y asalariados al sistema de seguridad social y a la limitada disponibilidad de los servicios de sus instalaciones.

Tanto el MSPAS como el IGSS exponen considerables deficiencias en la prestación de sus servicios. Ambos se caracterizan por atender a los pacientes en intervalos prolongados de tiempo entre consultas y realización de exámenes y pruebas. Por otro lado, la demanda de servicios sobrepasa la capacidad de sus instalaciones, lo que amplía los tiempos de espera de los usuarios.

La asistencia médica militar asiste a menos del 0.5% de la población, y se encuentra enfocada a la cobertura de miembros del ejército y la policía.

La cobertura de los servicios de salud privada está compuesta por el sector lucrativo y no lucrativo. Estos servicios atienden a cerca del 12% de la población. El sector privado lucrativo está conformado por consultorios, clínicas, consorcios, sanatorios y hospitales en tanto que el sector privado no lucrativo está constituido principalmente por organizaciones sin fines de lucro y Organizaciones No Gubernamentales, quienes prestan sus servicios de forma gratuita o a precios por debajo de su precio comercial.

Los servicios privados de salud siempre son más eficientes que los servicios públicos, cuando se dan. Brindan una mejor atención con tiempos de espera menores. El problema es que no todos pueden pagar los costos de la salud, mientras se dispone que la salud es un derecho social constitucional.

El principal medio de pago dentro de los servicios de salud privados, tanto lucrativos como no lucrativos, es el gasto directo. El 86% de los servicios son autofinanciados por los mismos usuarios en base a su ingreso particular.

A pesar de la diversificación de la oferta de seguros por parte de un robusto sector financiero, solamente el 14% de los servicios de salud privada son financiados a través de planes de salud o seguros. Esta población corresponde principalmente a los sectores de ingresos altos y en menor medida a la clase media.

En conjunto, los afiliados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y los beneficiarios de programas de seguros brindan cobertura al 25% de la población, la que está conformada por la población de ingreso alto y la clase media asalariada. Este grupo de personas es el principal contribuyente de los ingresos fiscales del Estado.

En tanto, el 75% de la población, perteneciente en su mayoría a los sectores de la población con ingreso bajo y en situación de pobreza, recurren al MSPAS y a los servicios del sector de salud privado no lucrativo.

En este sentido, el problema de la gratuidad se vuelve evidente. El 25% de la población, que tiende a utilizar más los servicios privados de salud, financia el sistema de salud pública que atiende al 75% restante.

No obstante el manejo indebido y la ineficiencia en la ejecución de los recursos dentro del MSPAS, es inviable proporcionar un servicio de salud pública de amplíe la cobertura y la calidad con los recursos actuales. Para lograr este objetivo y mantener la gratuidad es necesaria una mayor asignación presupuestal, lo que al momento no es posible de lograr vía aumento de carga impositiva y aún menos recomendable realizarla por medio de endeudamiento. Por tanto, el modelo actual es insostenible.

Se dice que el 86% de los servicios son autofinanciados por los mismos usuarios en base a su ingreso particular.

Reforma a considerar

Del tal forma que se vuelve necesaria una restructuración del sistema. Sin embargo, dentro de la reforma al sistema de salud se presentan distintas alternativas y situaciones a considerar.

Constitucionalmente, los guatemaltecos poseen derecho al acceso a seguridad social; sin embargo, la prestación de la seguridad social trabaja bajo un sistema monopólico asignado al IGSS. A juzgar por las deficiencias y limitantes de la institución, es posible considerar la apertura competitiva de la seguridad social. La participación de otros oferentes ampliaría la cobertura del servicio y serviría de incentivo para que más patronos y empleados se convirtieran en usuarios de la seguridad social.

Bajo esta alternativa, los patronos y trabajadores podrían acceder a una mayor variedad de servicios de seguros. Los que brindarían una mejor calidad de servicios y mayor beneficio a los afiliados. Además, se reducirían tanto los tiempos de atención como de recuperación de los pacientes, permitiéndoles una reincorporación más efectiva a sus labores.

El verdadero desafío de la reforma al sistema de salud reside en los servicios ofrecidos por el MSPAS. La privatización o apertura a la competencia del sistema de salud pública se enfrenta al problema de la pobreza en la población guatemalteca, la que carece en su mayoría del poder adquisitivo para obtener servicios de salud de mediana calidad. Este es el problema de acción colectiva que el Estado debe afrontar, con una variedad de soluciones propuestas, no con la imperante solucion única para todos, como suelen ser las propuestas políticas.

De forma tal que, parte de la solución es posible encontrarla en un cambio desde la perspectiva de la gratuidad a un carácter de subsidiariedad al estilo de sistemas de los salud de países desarrollados como Alemania o Estados Unidos.

El 25% de la población que tiende a  utilizar más los servicios privados de salud financia al sistema de salud
pública que atiende al 75% restante.

En esta alternativa, congruente con la economía social de mercado, debe exigirse por ley la contratación de un servicio de seguro para toda la población. Dejando al MSPAS la responsabilidad de normar al sistema de salud en su totalidad y subsidiar a aquellas personas con ingresos insuficientes para la contratación de los servicios de seguro.

En este sistema, se obligaría a los contribuyentes a financiar un sistema de salud para los menos afortunados, pero con la opción de buscar mejores soluciones privadas para ellos mismos.

La solución de mercado aplicado con principios sociales al problema del sistema de salud en Guatemala permitiría el acceso universal a una mejor atención y, por ende, a una mejor calidad de vida para la población. Así también, reduciría la injerencia de intereses sindicalistas y de otros grupos que perjudican de una u otra forma la labor del MSPAS y el bienestar colectivo.

La reforma al sistema de salud deberá representar un cambio estructural dentro de la sociedad guatemalteca, una modificación integral que alcance a toda la población. Por ende, debe de ser el resultado de un extenso proceso de socialización y exposición de motivos, donde se cuente con participación multisectorial bajo criterios técnicos y científicos.

Solamente el 14% de los servicios de salud privada son financiados a
través de planes de salud o seguros.

Cual fuere la solución final, el proceso de restructuración debe estar orientado a promover la eficiencia y la calidad del sistema de salud. Su principal objetivo debe ser promover la salud y el desarrollo personal, y reducir los altos índices de desnutrición y mortalidad que afectan a la población, sobre todo a la más vulnerable. Un sistema de salud eficiente propiciaría el desarrollo del capital humano y provocaría efectos en el mediano y largo plazo sobre la productividad y la competitividad del país.

Nicholas Virzi
Carlos Vásquez
Colaboradores
Revista GERENCIA
editorialgerencia@agg.org.gt