La Ley de Competencia ¿pro antimercado?

Una Ley de Competencia prohíbe las prácticas anticompetitivas de las empresas dominantes en su mercado. Este poder nace de lo que se considera la excesiva concentración del poder económico y hace referencia a la formación de monopolios u oligopolios.

Con ello, se intenta prevenir que unas pocas empresas dominantes coludan entre sí para fijar precios e impedir la entrada de competidores, o imposibilitar que restrinjan el comercio en detrimento de los beneficios de los consumidores, lo que típicamente se mide en términos del precio del producto o servicio en venta.

Mercado para todos

El derecho de la competencia regula la existencia de una competencia efectiva y real en el mercado. Muchos dicen que, en Guatemala no se necesita una ley de competencia porque el tema ya está cubierto en la Constitución Política de la República. Los artículos 43 y 130 reconocen, respectivamente, a la libertad de la industria de comercio y de trabajo, y a la prohibición de monopolios dentro de un marco de economía de mercado.

Una economía de mercado depende de la existencia de una verdadera competencia entre empresas actuales y potenciales. Es esta quien incentiva la eficiencia, la productividad y la liberación de recursos, con el resultado final de una mejor y mayor oferta para los consumidores, a precios cada vez más baratos.

Por ello, los mercados con estructuras realmente competitivas determinan en mucho la conducta de las empresas. Por el mandato de competencia con rivales existentes y potenciales, el mercado re-asigna los factores de producción a favor de las empresas y emprendedores más eficientes. Eventualmente, es por la optimización de la eficiencia económica que se dan los beneficios a los consumidores en términos de mayor oferta, con más variedad y calidad, a menores precios relativos.

La ley de competencia tiene como fin último construir una institucionalidad político-legal que pueda asegurar el ambiente económico competitivo

Una ley de competencia tiene como fin último construir una institucionalidad político-legal que pueda asegurar un ambiente económico verdaderamente competitivo. Esto se hace a través de brindar los instrumentos necesarios para garantizar que el libre mercado opere según su óptimo potencial.

Y es que, la teoría del libre mercado está basada en la libre competencia de numerosas empresas sin poder de mercado, que es básicamente el poder de fijar precios, sea unilateralmente o en colusión con otras empresas dominantes (empresas que controlan un gran porcentaje del mercado en el que operan).

Es por esto, por lo que mecanismos utilizados en el derecho de la competencia incluyen medidas como la prohibición de prácticas anticompetitivas, como son la prohibición de colusión y formación de carteles o el abuso de una posición dominante en el mercado, por mencionar algunas.

Los orígenes del derecho de competencia

El derecho de competencia se originó junto con las leyes de competencia que Estados Unidos pasó bajo la Administración Republicana de Theodore Roosevelt, a finales del siglo XIX y principios del Siglo XX; con el Sherman Antitrust Act, de 1890, y después el Clayton Act, de 1914.

Lo que hizo la ley Sherman fue prohibir acuerdos empresariales que tenían como fin la restricción del comercio (restraint of trade) y el abuso de poder del monopolio. Es importante recalcar que, no se prohibió en aquel tiempo el mero hecho de tener posición dominante en el mercado; se reconoció desde un principio que una empresa puede lograr posición dominante, incluso ser monopolio, por su mayor eficiencia.

Por su parte, la ley Clayton fue más lejos, porque prohibió prácticas anticompetitivas particulares, entre ellas, la discriminación de precios, siempre y cuando fuera dañina para la competencia.

Conviene hacer una aclaración elemental. Bajo la óptica del derecho de competencia bien fundado, una empresa si puede perseguir hacerles daño a sus rivales; de hecho, visto de cierta manera, es su deber, toda su razón de ser.

Eso sí, que una empresa le gane terreno a sus competidores no significa que tenga derecho a dañar a la competencia.

Dañar a la competencia se debe entender como un término de jerga profesiocnal que hace referencia a una estructura de mercado competitiva y al uso efectivo y real de prácticas anticompetitivas de mala fe que van dirigidas a esa estructura en sí, al abusar de una posición dominante de mercado.

Para que haya una violación, desde la óptica del derecho de competencia, es preciso establecer ciertos puntos. Primero, debe de existir ex ante (con antelación) una posición dominante. Segundo, se debe establecer el abuso de esa posición. Tercero, se debe establecer que este abuso haya degradado a la estructura competitiva del mercado. Lo importante es que no se debe castigar a la posición dominante per sé, sino su abuso.

Los beneficios y costos de una ley de competencia

Economistas liberales tienen razón al sospechar de la bondad de una ley de competencia, pero también deberían de indagar en sus posibles beneficios.

El premio Nobel de economía, James Buchanan, criticó el argumento que extendía el derecho de contratos privados, al punto de permitir contratos en restricción del comercio. Buchanan enfatizaba en la soberanía del consumidor.

Desde la óptica liberal, si uno desconfía del poder político concentrado, también debería desconfiar de la excesiva concentración del poder económico.

Es verdad que una ley de competencia siempre conlleva el riesgo de que se abuse de la misma, para presionar a empresas por razones de intereses políticos e ideología. Sin embargo, también existe el peligro de que grandes empresas hagan los abusos que un Estado podría hacer, en detrimento de la economía de libre mercado.

Si bien, por razones de presión internacional, Guatemala va a tener que aplicar una ley de competencia, también es cierto que esta debería ser lo más apegada a la libre competencia.

Nicholas David Virzi Arroyave
Consejero Editorial Revista GERENCIA
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