Costos ocultos en medidas tributarias

Abelardo Medina, exsuperintendente interno de la SAT

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha comenzado una etapa que sus defensores describen como “cumplimiento de su obligación” de supervisor del pago puntual de los contribuyentes inscritos –y también no inscritos o informales-.

De tal manera, el llamado secreto bancario o acceso legal de que dispone la SAT para acceder a la información de las cuentas de los contribuyentes no constituiría una novedad, sino una manera de cruzar información que permita el mejor pago de impuestos.

Si bien el objetivo último de la nueva estrategia de la institución sería la obtención de más recursos para el fisco –algo a lo que todo gobierno aspira-, en la práctica se está visualizando como una pequeña cacería de brujas, donde muchos de estos sectores se vuelven vulnerables, no al pago de impuestos, sino a los mecanismos que impone la SAT. Esto aunque sus defensores insistan en que se trata estrictamente del cumplimiento de disposiciones de carácter internacional para sacar a Guatemala de la lista gris de países con poca transparencia fiscal.

“El propósito principal de esta ley no es darle información a la SAT. El propósito es cumplir estándares de transparencia internacional. La exigencia de que la SAT tuviera acceso a información bancaria fue porque Guatemala fue calificado dentro de los países grises, cercano a paraíso fiscal, y el problema es que de mantenerse ahí, los países que negocian con nosotros tienen las facultades de ponernos sanciones. El propósito no fue para mejorar la recaudación: colateralmente se puede alcanzar eso”, afirma por su parte Abelardo Medina, exsuperintendente interino de la SAT, donde también fue intendente de Recaudación.

Ricardo Barrientos, investigador del ICEFI

El problema no es el pago de tributos, puesto que esto es parte de la ley, sino la tramitología que implica el hacerlo, algo contra lo que la actual administración tributaria ha trabajado pero sin conseguirlo del todo. La SAT aún se percibe más como adversario del emprendedor que como socio en la tarea de hacer más productivo al país.

“No hay que cuestionar la ley; probablemente podríamos discutir los procedimientos, ver si los sectores necesitan esquemas de gradualidad para la formalización de las personas”, afirma Ricardo Barrientos, investigador del Icefi.

La pregunta es si Guatemala quiere evolucionar a una sociedad democrática en un régimen de legalidad. No pagar impuestos es ilegal. El problema es que mucha de la actividad económica ha surgido y opera bajo el supuesto de no tributar, afirma Barrientos.

Según Barrientos, “Guatemala está en un punto de inflexión, en donde se está planteando si queremos continuar una ruta de desarrollo viendo hacia atrás, donde la práctica era el irrespeto a las leyes y la operación al margen de los aspectos formales”.

Jorge Jacobs, analista y conductor de Libertópolis.

Estimaciones oficiales calculan que 4 de cada 5 trabajadores guatemaltecos lo hace en la economía informal, es decir, sin obtener prestaciones ni pagar tributos.

En una reciente entrevista a Prensa Libre, el actual jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, aseguró que toda su actividad se rige por la ley y que su objetivo es que todos, grandes, pequeños y medianos contribuyentes, paguen sus impuestos, independientemente de la percepción sobre el mal uso que de estos dan los gobiernos. Aseguró que, en cualquier caso, la SAT tiene la fuerza coercitiva para hacer cumplir el pago de obligaciones, sea por vía administrativa o judicial.

Los costos
La ley y la actividad de la SAT sí van a generar varios efectos con costos extras para las empresas, especialmente las más pequeñas, con efectos consiguientes en el precio de sus productos o servicios y en el bolsillo de los consumidores, afirma el analista Jorge Jacobs.

Uno de estos costos es la monetización de la economía, ya que mucha gente se va a pasar a hacer transacciones en efectivo.

Para pequeños empresarios que prefirieron omitir sus nombres, hay una especie de demonización del uso de efectivo, una actitud que en muy poco contribuye a fortalecer la actividad económica en el interior del país, donde la bancarización es escasa por la baja confianza en las instituciones en general y otros factores culturales.

La Ley y la actividad de la SAT van a generar efectos con costos extras para las empresas, especialmente para las más pequeñas.

“En muchos bancos, mucha gente ha ido a cancelar cuentas y además, es lo recomendable por esta ley, porque el problema es porque lo que no piensan todos aquellos que defienden la ley, del gobierno y de los organismos, es el costo que tiene el cumplir con las regulaciones. Ellos lo ven todo desde el punto de vista de recaudar impuestos”, explica Jacobs, afirmación que es confirmada por numerosas personas o instituciones que han preferido esta opción ante el costo que implican las regulaciones de la SAT y que podrían sacarlos del mercado, con lo que ahondaría más la inactividad económica que se percibe en el país.

Por eso hay que simplificar los sistemas. En las empresas, la mitad del trabajo de los contadores es solo para cumplir con obligaciones fiscales. Se paga la mitad de la planilla del departamento de contabilidad solamente para cumplir los requisitos de la SAT, asegura Jacobs, para quien “tener que cumplir con los requisitos y arbitrariedades de la legislación fiscal” incrementa los costos de las empresas.

La mayoría de empresas formales ya cumplen con esos requisitos y asumen esos costos, que se reflejan en el precio de los productos. “De lo que compramos en el supermercado, un porcentaje se va para cumplir todo eso”, apunta el analista.

Y lo que hicieron ahora fue añadir todavía una complicación más a los controles. Ahora hay que hacer más papeleo, más control, uso de más tiempo productivo útil y costos nuevos.

El problema es que el solo hecho de que exista la posibilidad, aunque sea de una en un millón, de que vaya a llegar la SAT a ver sus conciliaciones de sus últimos cuatro años, ya implica que todos tienen que hacer esos controles aunque nunca se les audite. Y esos son costos y darle mucho más trabajo e ingresos a los contadores, explica Jacobs, para quien, “por absurdo que parezca, todos estamos obligados a cumplirlo. Son costos hundidos porque no sirven absolutamente para nada”.

Y advierte de que el costo es más para las pymes y la economía informal, porque, al final, lo que se hace, en vez de simplificar para que la gente de la economía informal se pasen a la formal, se está haciendo exactamente lo contrario.

Antonio Girón
Colaborador
Revista GERENCIA
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