El desorden fiscal

Excepto por el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, la llamada actualización tributaria no termina de convencer a nadie. Los expertos han emitido críticas serias al paquete fiscal que se aprobó a principios del año pasado y que ha ido cobrando vigencia por etapas. La última, este año, pero que lejos de mejorar los ingresos del Estado, parece que le complica el panorama al encargado de la hacienda pública. Más aún cuando se debe dar cobertura a un Presupuesto General de la Nación sobre calculado en dimensiones nunca antes vistas en la historia financiera del país.

La CC ha dejado sin efecto 6 de las 22 impugnaciones a la reforma triburaria, que recibió por parte de las Cámaras del Agro y de Comercio.

Para cumplir sus objetivos, el fisco debe recaudar 10 millardos de quetzales más que el año pasado, algo históricamente imposible si se toma en cuenta que el crecimiento anual de la recaudación no ha sobrepasado los 2.5 millardos de quetzales.

La situación se complica aún más cuando ha cobrado plena vigencia una reforma fiscal llena de vicios y contradicciones. Pocos saben a ciencia cierta cuál es su régimen de tributación. En el mejor de los casos, algunos han tenido que reimprimir facturas, a otros les retienen más de lo que se debe, a otros ni siquiera se animan a retenerles. Total, es un desorden tributario.

Dura tarea para Muñoz

Lo que para el gobierno era la herramienta ideal para hacerse de dinero rápido, el cash flow que le dicen, terminó por convertirse en un verdadero caos que no sólo le está generando nubarrones en sus perspectivas de recaudación sino, además, le resta solidez a las patas que sostienen su hasta ahora buena relación con el sector privado.

José Alejandro Arévalo,
diputado independiente.

La Cámara del Agro y la de Comercio han interpuesto sendas acciones de inconstitucionalidad contra 22 artículos del decreto 10-2012, de los que la Corte de Constitucionalidad (CC) ya ha declarado suspendidos temporalmente 6.

Los problemas por la recaudación insuficiente para los propósitos del gobierno de Otto Pérez Molina llegaron hasta el límite de ser uno de los argumentos que terminaron por cortarle la cabeza al jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Miguel Gutiérrez.

El sucesor del macroeconomista Gutiérrez, será Carlos Enrique Muñoz, según lo ha anunciado oficialmente el mismo mandatario, quien deberá lidiar con este relajo y buscar la forma de mejorar los ingresos para las arcas estatales, una tarea verdaderamente titánica si se toman en cuenta los problemas que está generando el marco legal que rige la recaudación.

Si el gobierno patriota no se quiere endeudar más y tener que emular a sus antecesores recurriendo a mercados internacionales para colocar bonos, Muñoz deberá esforzarse por mejorar los números en el corto plazo, aún y con todas las contradicciones que tiene la ley y que coadyuva a los bajos ingresos.

Mario Archila, abogado
y experto en temas fiscales.

Otra opción es que en el Congreso se efectúen reformas urgentes al Decreto 10-2012 para que el panorama tributario se aclare y dé certeza a los contribuyentes, para ver si así se empareja la situación. Sin embargo, esta salida es poco probable si se toma en cuenta la coyuntura legislativa, con un hemiciclo empantanado en una interpelación que tiene a la cola, por lo menos, otras tres y que juntas generan un panorama nebuloso.

y la otra alternativa es una fuerte reducción del gasto, pero que es poco probable porque eso haría que el gobierno se abra a nuevos frentes en el sector empresarial, principalmente el de la construcción, porque ello implicaría dejar de lado la ejecución de mucha obra gris planificada.

ORIGEN DEL DESORDEN 
Quienes lo vivieron, narran que el
paquete de la actualización tributaria, aprobado como el Decreto
10-2012, pasó por el Congreso sin
que ningún diputado lo haya leído
o al menos haya tenido tiempo
para analizarlo detenidamente.

El proyecto era un verdadero
“mamarracho”, dicen. Por ello
algunos de los que conocen del
tema intentaron rescatarlo a última
hora y se reunieron de emergencia
con el ministro Centeno y sus asesores para hacerle enmiendas.
Sin embargo, ante la falta de tiempo, los cambios se hicieron en donde se pudo, pero resulta que Centeno no advirtió que el reformar algunos artículos generaría confusión y contradicciones con otros.

Así, hoy por hoy, algunos contribuyentes, por ejemplo, pagan el 5 por ciento de ISR, otros 6 y otros tantos 7, aunque en realidad la
mayoría debiera pagar 5 y llegar
a los 7 hasta el próximo año.
El decreto se aprobó a prisa, como
se diría en buen chapín, para evitar
que la interpelación a Centeno
lo frenara durante más tiempo,
pero con la idea de reformarlo antes
de que cobrara vigencia real.

No obstante, el bloqueo del partido
Líder a la agenda legislativa,
una escuela mejorada de lo que el
Partido Patriota practicó en el gobierno de la Unidad Nacional de
la Esperanza, ha impedido que se
efectuaran los cambios y las confusiones quedaran anuladas.

Incrédulos y críticos

Los analistas consultados coinciden en que lo que ahora se vive es sólo resultado de un mal trabajo. Primero un proyecto “defectuoso” y, sobre todo, con el propósito de fiscalización extrema, que alejó la facilitación de procedimientos para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones.

El diputado independiente José Alejandro Arévalo, experto en estos temas, dice que se trató de una reforma de control pensando anticipadamente que los contribuyentes son evasores.

Según el congresista, está demostrado que esta línea de pensamiento tributario es poco efectiva, pues siempre resulta en una baja ostensible de la recaudación puesto que motiva la movilización de los contribuyentes hacia la informalidad. Esto sin contar, dice, que las reformas desincentivan el uso  de las facturas, y provocan efectos negativos en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En ello coinciden los abogados Mario Archila y Édgar Stuardo Ralón, ambos especializados en el tema tributario, así como Juan Carlos Paredes, presidente del colegio de Auditores y Contadores Públicos. Todos, sin excepción, creen que Guatemala necesita una reforma tributaria, pero no en esos términos. Más que controlar con “látigo en la mano”, opinan, se deben buscar mecanismos que faciliten el pago de los impuestos, principalmente, aquellas herramientas electrónicas que consiguen que los pagos puedan hacerse desde cualquier lugar sin recurrir a las colas interminables.

Paredes dice que debe buscarse un “sistema fortalecido, accesible y facilitado”, porque lo que se aprobó es todo lo contrario, está repleto de vicios y problemas, y el único éxito para el gobierno fue de tipo político.

Para lograrlo, la entidad que dirige presentó una propuesta con 22 correcciones, principalmente dirigidas a modificar el Código Tributario y lo relativo al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Juan Carlos Paredes,
presidente del CPA.

Quizás el mayor problema que Paredes le ve a la reforma fiscal es que afecta con mayor fuerza a empleados de rangos medios y a pequeños empresarios, pues a la larga son los que más pagarán y se pierde la máxima, del que más gana más paga. y es que al aumentar dos puntos porcentuales al mínimo del 5 por ciento del ISR significa, en términos reales, un aumento del 40% a su tasa impositiva, lo que en definitiva afecta la capacidad de pago.

Archila no es menos crítico y sostiene que “el objetivo de esta reforma fue buscar controles represivos, y ejemplifica su argumento indicando que hoy en día la SAT hace revisiones casi todas las semanas, lo cual no es malo si se hiciera con otras intenciones y con reglas más claras.

Pero Archila es muy enfático al mencionar que otro gran problema de la reforma lo constituye el hecho de que, se hicieron tantos cambios al proyecto de ley, que al final no se comprende nada. Por supuesto, sin contar que el proyecto original ya estaba plagado de vicios y contradicciones.

Édgar Stuardo Ralón, abogado
y experto en temas fiscales.

Mientras, para Stuardo Ralón lo único que se hizo con la reforma fue un remiendo a los remiendos que se han venido haciendo a lo largo de la historia, con el agravante de que no se castiga solo a los malos sino se le hace la vida imposible a los buenos.

Por ello es que las Cámaras de Comercio y del Agro, a las que representa Ralón, decidieron impugnar 22 de los artículos ante la Corte Constitucional. “No se trata de estar en contra de los cambios y las tasas, sino de las injusticias que violan principios tributarios como el de la capacidad de pago, por ejemplo”, argumenta Ralón.

y la mejor muestra jurídica de que las cosas andan mal en el Decreto 102012, es que la CC ya suspendió temporalmente 6 de los 22 artículos impugnados. Mientras tanto, los contribuyentes siguen sin encontrar explicaciones claras sobre cómo aplicar a sus actividades la famosa actualización tributaria. Pero, mientras se le encuentra solución a los problemas, lo único cierto es que la tributación en Guatemala se ha vuelto una verdadera locura.

Carlos Morales Monzón
Periodista y Consultor
cmoralesmonzon@yahoo.com