Entre la ilegalidad y la defensa del usuario

La Ley de Tarjetas de Crédito está suspendida provisionalmente. Los emisores lograron que la Corte tomara esa decisión pues consideran que atenta contra el libre mercado. Pero, entre todo, aceptan que algunos de sus socios abusan contra sus usuarios.

Las visa cuotas están de vuelta. Con ellas, muchos tarjetahabientes ya comienzan a pensar en sus nuevas adquisiciones. Mientras, en el Congreso, los promotores de la nueva Ley de Tarjetas de Crédito no terminan de completar su estrategia para, según ellos, revertir la decisión de la Corte de Constitucionalidad que dejó sin efecto temporal la vigencia de dicho cuerpo legal. La razón, haber encontrado que el marco jurídico aprobado con la idea de proteger a muchos de los usuarios del dinero plástico, en el fondo viola preceptos constitucionales.

Los emisores de este tipo de medios de pago, por supuesto, celebran la decisión, aunque también reconocen que algunos de sus socios han caído en el abuso. Pero, lo cierto es que, de mo- mento, la Ley está suspendida de manera temporal, por lo que unos y otros deberán esperar a que el máximo tribunal en materia constitucional del país tome una decisión definitiva.

A como van las cosas, será el nuevo cuer- po colegiado el que deba tomar la deci- sión, pues los magistrados que decidieron la suspensión provisional del marco ju- rídico dejaron sus cargos el 13 de abril, para dar lugar a la toma de posesión de los nuevos magistrados electos.
Foto: Alejandro Paúl
Juan Bernardo Rivera, presidente de la Asociación de Emisores de Medios de Pago.

Los hechos

En el Congreso, un grupo de magistra- dos encabezados por el diputado Ronald Arango promovió una iniciativa que bus- caba regular algunas acciones relaciona- dos con el uso de las tarjetas de crédito. Este no sería el primer intento, pues ya antes la diputada Nineth Montenegro lo había tratado, sin éxito.

De acuerdo con los promotores del mar- co jurídico, la idea es terminar con los abusos que muchos emisores de este tipo de medio de pago cometen en contra de los usuarios. Por ejemplo, altas tasas de
interés que, al caer el usuario en mora, se capitalizan y hacen crecer las deudas como bolas de nieve en una avalancha.

Otro de los abusos regulados es el de los mecanismos de cobro, pues los emisores de tarjetas de crédito contratan call center o crean los propios para acosar a sus deudores con constantes llamadas telefónicas, incluso por las noches y fines de semana. Esto no sería tan problemático, de no ser porque quienes efectúan las llamadas suelen caer continuamente en discursos abusivos que rayan en la ética profesional desde cualquier punto de vista. Algunos de los emisores llegan a los extremos de colocar a ches con las fotos de sus deudores, en postes y paredes de las cercanías de las residencias y sitios de trabajo de estos, con rótulos que con le- tras grandes dicen MOROSO.

El diputado Arango ha dicho públicamente que está convencido de que la normativa no atenta contra ninguna norma constitucional y que espera que la Corte falle a favor de la Ley en definitiva. “Los usuarios están desprotegidos y esta ley evita todo tipo de abuso”, ha dicho el congresista en diversos foros públicos, aunque no quiso atender a Revista GE- RENCIA de manera personal.

Los emisores

Juan Bernardo Rivera, presidente de la Asociación de Emisores de Medios de Pago, no duda un solo instante en adver- tir la inconstitucionalidad del estamento jurídico aprobado por el Congreso.

Entre sus principales argumentos está el de que las disposiciones que contiene la normativa atentan contra el libre merca- do. Pero, según él, por si eso fuera poco, la Ley contraviene disposiciones de polí- tica pública como la Política Crediticia del país, la cual solo es potestad de la Junta Monetaria.

Si de intereses altos se trata, Rivera expli- ca que estos solo responden al nivel de riesgo que cada tarjetahabiente repre- senta para el emisor de la

tarjeta. Dice que para nadie es un secreto la máxima de que a mayor riesgo, la tasa de interés también será mayor. En este sentido, el ejecutivo considera que solo los usuarios del también llamado dinero plástico son los que de- ben decidir si se juegan el riesgo de tener que pagar una tasa alta a cambio de los beneficios que reciben.

Claro que Rivera no es del todo opositor a pie juntillas de la Ley de Tarjetas de Crédito. En su defensa asegura que no es una normativa que haya salido de la nada. Los emisores incluso participaron en la redacción de la iniciativa original, cuenta.

El problema, para él, es que una vez en el Congreso, algunos de los artículos fue- ron modi cados con argumentaciones ilegales y se agregaron otros que nunca estuvieron en ese marco jurídico.

De manera serena, Rivera acepta que al- gunos de los emisores cometen abusos y de allí que la asociación que preside haya llegado a la conclusión de que re- gular los mecanismos de cobro sí es una necesidad. Además, creen conveniente que los contratos sean redactados en tamaños de letra lo su cientemente le- gibles para que cada usuario esté total- mente enterado de las condiciones en que acepta el uso de la tarjeta.

También dice que sus agremiados están conscientes de que debe insistirse más, entre sus vendedores, en la necesidad de que adviertan a los potenciales clien- tes sobre las condiciones a las que se someterán, tanto en bene cios como en obligaciones.

Pero hasta allí, pues en el resto de medidas cree que solo el mercado es el que  puede o debe regir en un proceso como el del uso de tarjetas de crédito. Los emisores, dice, incurren en muchos costos administrativos y financieros, producto de los múltiples beneficios que ofrecen a sus tarjeta-habientes, así como en las facilidades de pago que otorgan, y esos costos de- ben recuperarse, por ello es que aquellos que caen en mora deben ser sancionados, según la lógica de los emisores.

Lo cierto es que hasta el momento, la Ley está suspendida, pero solo de manera provisional. Habrá que esperar cuál es la decisión final que tome la Corte de Constitucionalidad, pues aunque hasta ahora decidió suspender la Ley, en definitiva, la resolución no necesariamente podría ser la misma.

Carlos Morales Monzón

Periodista y Profesor Universitario

cmoralesmonzon@yahoo.com