Leyes que duermen el sueño de los justos

Si hay algo importante para darle certeza a la inversión, es la normativa que enmarca los procesos. Eso lo saben en todo el mundo y cualquiera que quiere invertir entre sus prioridades incluye el conocimiento de la legislación disponible para el tema en que se desea involucrar.

Bastante se ha hablado en Guatemala sobre los temas importantes para que el país tenga un despegue económico adecuado, que nos lleva a la senda del desarrollo y el crecimiento sostenibles. Sin embargo, mucho se habla últimamente también sobre la falta de una brújula legislativa adecuada. El Congreso está relegando leyes importantes que ya están en la mesa de debates, por priorizar otras que tienen más tintes políticos y señaladas de estar cargadas de intereses que favorecen a delincuentes y a corruptos.

En stand by
En el Congreso de la República existen varias leyes importantes para mejorar la economía del país. Pero al paso que van las cosas en ese poder estatal, lo más seguro es que se queden a dormir el sueño de los justos, al menos hasta la próxima legislatura.

Leyes como la de Competencia, Infraestructura Vial y la de Agricultura Familiar se encuentran paralizadas para darle vida a otras iniciativas como las reformas al Código Penal, recién admitidas, para aprobar la polémica aceptación de cargos que, según expertos en legislación penal, solo favorecerían la impunidad en el país.

A juicio de Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se están dejando engavetados varios proyectos de suma importancia para la economía del país.

Barreda es el presidente de la comisión legislativa de Economía y Comercio Exterior y apunta que, por ejemplo, se está quedando pendiente la Ley de Agricultura Familiar, una ley que podría reactivar al mediano y pequeño productor, pues busca asociar la Ley de Alimentación Escolar con la producción y así favorecer circularmente a los sectores.

También se quedará fuera la Ley de Competencia, a través de la cual se combatirían los acuerdos de precios y de mercado que tienen empresas que funcionan en el país de manera monopólica y afectan la economía familiar porque establecen los precios que se les viene en gana.

Otra es la Ley de Infraestructura Vial, con la que se estaría reactivando la economía y a la vez buscando un modelo de construcción, mantenimiento, supervisión y remozamiento de las carreteras del país, pero siempre tomando en cuenta aspectos más urbanísticos integrales que faciliten y promuevan el desarrollo.

Barreda habla también de la Ley de creación de Pro Guate, con la que se sustituiría a Pronacom, para permitir la generación de una estrategia integral de promoción de la marca país, el turismo, las inversiones y la competitividad, de una manera integral y reuniendo y aprovechando las condiciones y cualidades de entidades como el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), el Ministerio de Economía (Mineco) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

Pero a juicio del legislador uneísta, existen otras iniciativas, quizás no de inmediato interés para la población, pero sí necesarias para regular aspectos de la economía y las macrofinanzas. En este último punto, por ejemplo, está una serie de reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros que intenta prevenir cualquier posibilidad, aunque remota, de que un banco del sistema caiga en problemas de insolvencia y pueda ser rescatado para el beneficio de sus cuentahabientes. En este momento la ley prohíbe al Banco de Guatemala intervenir en casos de insolvencias bancarias, que resulta ser la única forma de rescate como sucedió a la banca estadounidense durante los efectos de la burbuja inmobiliaria. Pero si se logran hacer las reformas, el Banguat podría intervenir y rescatar así los recursos de los cuentahabientes.

También está la Ley de Tarjetas de Crédito, cuyo propósito es generar mecanismos de protección al tarjetahabiente, sistemas de transparencia en las operaciones y regular ese mercado en beneficio de los usuarios del dinero plástico para evitar abusos.

Por último, está la Ley de Insolvencias, que pretende generar mecanismos de conciliación entre bancos y financieras con sus deudores –empresas- de tal manera que existan formas de salvar a aquellas unidades productivas que tengan posibilidades de renegociar deudas. De esa forma no solo se rescatarían empresas sino se salvarían empleos, que para Barreda es lo más importante.

Como remate, el congresista habla de la ley de Alumbrado Público, con la que se busca regular ordenadamente ese tema que ha generado tanto problema entre municipalidades y las empresas distribuidoras de energía, naturalmente en materia de precios. Y por último habla de la carretera a Puerto Quetzal, que considera importante y necesaria, pero sin los elementos con los que se quería aprobar pues, según él, con esa forma solo se quería seguir haciendo negocios turbios de la manera tradicional.

Esta es la agenda legislativa que se queda durmiendo en las gavetas del Congreso en espera de una nueva legislatura. Pero mientras estas leyes, tan necesarias, duermen, algunos diputados hacen malabares para que se aprueben otros marcos jurídicos que, como la polémica Ley de Aceptación de Cargos, solo reciben el rechazo de la población, que la considera un conjunto de preceptos que garantizan impunidad y promueven el mantenimiento de las prácticas corruptas en el país.

Guatemala urge de cambios. Pero deben ser cambios sustanciales y de beneficio común, no de modificaciones con intereses creados para el goce de sectores o grupos específicos que van en contra de la voluntad y la gracia popular.