Pasos de cangrejo en Guatemala

Guatemala es la economía más grande de la región centroamericana, una verdad incontrovertible que los datos señalan claramente y los analistas avalan con amplitud.

Al cierre de 2017, por ejemplo, representaba dos terceras partes de la economía de la región (36%), de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Economía de Guatemala (Mineco), que cifraba el monto de la economía guatemalteca en US$75 mil 590 millones.

El PIB per cápita, en cambio, no se ve tan alentador. A la misma fecha, el Mineco lo fijaba en apenas US$4 mil 466. En Costa Rica, ese mismo año y según datos del Atlas Mundial, el indicador alcanzó US$11 mil 729, casi tres veces el guatemalteco.

En cuanto a inversión extranjera, Guatemala se ha mantenido en montos que oscilan desde los US$600 millones de 2009 (en plena crisis financiera internacional) a los US$1 mil 388.7 millones de 2014, que si bien no son tan desdeñables, tampoco representan los recursos que se harían necesarios para impulsar el desarrollo.

En 2017, por ejemplo, mientras Guatemala captaba US$1 mil 169.5 millones en Inversión Extranjera Directa (IED), Panamá llegó a US$6 mil 066 millones, y Costa Rica   recibió US$2 mil 997 millones, superando con facilidad las cifras de nuestro país.

Historia y problema

En promedio, en el período 2000-2010, Guatemala captó 1.7% de inversión extranjera en relación al PIB, mientras que en ese mismo lapso, Nicaragua, Costa Rica y Honduras captaron 6%, 4.5% y 5.4% respectivamente. Incluso en términos absolutos, la inversión fue mayor en estos dos últimos países, siendo economías más pequeñas que Guatemala, señalaba el economista Paul Boteo en un estudio titulado “La inversión y el crecimiento en Guatemala”.

El problema se ha mantenido, pese a algunos esfuerzos institucionales para reducirlo o eliminarlo. Entre estos figuran aspectos como la mejora educativa, la competitividad personal, la facilidad para hacer negocios y la corrupción, coinciden varios analistas.

La crisis política en el país desencadenó un debilitamiento institucional que ha frenado la atracción de inversión en el país tras un marco jurídico incierto, señala la economista Claudia Galán, asesora del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), órgano cúpula de los empresarios guatemaltecos.

Durante los últimos tres años, añade la especialista, la IED registró una contracción importante. En 2015 cayó un -12.1%, en 2016 se contrajo un -3% y en 2017 se registró una caída del -1.3%.

“Es claro entonces que, si se desea crecer a un ritmo acelerado, Guatemala necesita tomar medidas urgentes para impulsar la inversión nacional y extranjera. Y la única forma de lograrlo es incrementando la rentabilidad esperada para los inversionistas”, afirmaba Boteo en el citado estudio, realizado años atrás.

Para la analista del Cacif, aunque la economía ha sido resiliente a las crisis políticas, en 2018 se evidenció una pérdida de dinamismo de la actividad económica, principalmente motivada por debilidades jurídicas para la operación de ciertos sectores productivos, junto a la creciente conflictividad social que ha debilitado las inversiones.

Advertía Boteo: “En Guatemala, las empresas tienen que pagar impuestos similares al de los países desarrollados y a la vez lidiar con mala infraestructura, escaso capital humano y altos índices de inseguridad y corrupción”.

En 2018 y solo en impuestos se dejaron de percibir Q3 mil 100 millones, especialmente por la conflictividad social, asegura Galán, problema que además le cuesta cada año al país el equivalente al 2.5% del PIB.

La distribuidora de electricidad Energuate estima que 900 comunidades se encuentran en conflicto, con unas 126 mil personas y 16 proyectos hidroeléctricos en riesgo y una inversión estimada de Q11 mil 031 millones (unos US$1 mil 433 millones), según la Asociación de Generadores de Energía Renovable (AGER).

Para la jefa de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Guatemala, Ester Ruiz, en una entrevista para el boletín de la institución, “es importante adoptar la Ley de Competencia pendiente y definir claramente el marco para la inversión en las industrias extractivas, a fin de impulsar la inversión interna y mejorar su atractivo para los inversionistas extranjeros”.

El escenario electoral

Faltan solo tres meses para elecciones generales en Guatemala. Aunque las cifras macroeconómicas parecen alentadoras, como lo refrendan especialistas consultados, hay una sensación generalizada de que el movimiento económico se ha estancado, particularmente para las medianas y pequeñas empresas, además de un aumento en el desempleo -la caída del precio del café incrementó la cifra- y pervivencia de la inseguridad personal y jurídica.

“Aun y cuando ha existido una crisis política en el país sin precedentes, el crecimiento económico terminó en 3.1% en 2018 y con proyecciones muy similares para 2019”, afirma Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

El estancamiento en materia económica se debe a la falta de certeza jurídica, poca capacidad del Estado de fortalecer el capital humano e invertir en infraestructura, según lo describe Zapata, para quien, no obstante, las elecciones en este año representan una oportunidad.

El próximo Presidente, asegura, “va a tener cinco meses para tener un mejor gabinete e impulsar las iniciativas de ley que pueden favorecer la inversión, todavía este año”. 

Es clave, insiste Zapata, una agenda de fortalecimiento institucional, capaz de generar certeza jurídica, y mejorar el sistema de justicia, así como priorizar los proyectos de inversión para desarrollar mayor capacidad de capital humano e infraestructura.

Como aspectos de primera importancia, el ejecutivo de Fundesa sugiere aprobar la ley general de infraestructura vial y comenzar a desarrollar el nuevo sistema que permita aumentar la inversión de 0 kilómetros nuevos a por lo menos 1 mil 500 kilómetros nuevos anuales en los próximos cuatro años.

El fomento de la inversión debe ser una de las principales prioridades de las próximas autoridades, asegura la analista del Cacif, como un vehículo para la generación de empleo formal “y único camino para el desarrollo del país”.

Para la economista, los sectores minero y eléctrico son dos actividades que han sido golpeadas fuertemente por las debilidades jurídicas y la falta de reglas claras que garanticen las inversiones, pese a que ambos concentran fuertes inversiones en el país y cotizan los salarios más altos en el Seguro Social.

“Las economías desarrolladas invierten más del 20% de su PIB en Formación Bruta de Capital (FBK), mientras que Guatemala apenas alcanza el 13%. Una economía que no forma capital, no crece.”, afirma Galán.

Durante la reciente presentación de la propuesta global para generación de empleos en el país, la presidenta de la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport), Connie de Paiz, afirmó que entre las metas del próximo gobierno deben estar el contar con una estrategia de atracción de inversiones en sectores estratégicos y la construcción de infraestructura.

Uno de los ejes que proponen los exportadores guatemaltecos es precisamente el de la atracción de inversiones, capaz de generar más de 400 mil empleos en los próximos cuatro años.

Pero, además, para Agexport, es necesario que, con las próximas autoridades, tanto del Ejecutivo como en el Congreso, se dé vía libre a la construcción de 800 kilómetros de carreteras y se impulsen las alianzas público-privadas, con el fin de generar inversión nacional y foránea.

El fomento de la inversión debe ser una de las principales prioridades de las próximas autoridades

De acuerdo con Ricardo Santizo, gerente general de Fundea, la gestión del presidente Jimmy Morales ha significado un retroceso en materia de inversión pública y privada en infraestructura y la recuperación de la red vial, “y, por si fuera poco, el deterioro de los servicios de educación y salud, aunado a la falta de certeza jurídica que genere confianza en inversionistas extranjeros y locales, lo cual ha generado mayor índice de desempleo, sumado al incremento de la violencia, criminalidad e inseguridad de los guatemaltecos”.

Durante este gobierno, insiste Santizo, Guatemala ha caído en varios índices importantes, como el de Transparencia Internacional (puesto 144 al 180) y una reducción en la calificación de riesgo-país, donde pasó de BB a BB-, según Standard & Poor´s.

Además, de acuerdo con la analista de Cacif, durante la última década, el país ha perdido 42 posiciones en el pilar de instituciones medido por el Foro Económico Mundial, del Índice de Competitividad Global.

En cualquier caso, el gobierno que tome el poder en 2020 debe promover incentivos fiscales para atraer inversión extranjera y local, lo que incidiría no solamente en una mejora de los indicadores macroeconómicos, sino en la calidad de vida de los guatemaltecos y en la reducción de la migración, afirma el gerente de Fundea.

“La economía requiere certeza jurídica y seguridad, para combatir el contrabando en las fronteras, que es el causante de quiebras de empresas o en el menor de los casos, reducción de sus operaciones, combatir frontalmente el flagelo de las extorsiones que están afectando a micro, pequeños y medianos empresarios, situación que genera incremento en costos de operación y en seguridad, produciendo consecuentemente menor inversión en bienes de capital y, que finalmente, ocasiona despidos de trabajadores para reducir sus costos fijos y mantener su viabilidad de negocio en marcha”, señala el ejecutivo.

“La única receta para impulsar la economía es a través de inversión productiva. Un país que invierte, crece”, asegura la economista del Cacif.

Antonio Girón
Periodista
Revista GERENCIA
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