Presupuesto 2017: la importancia de la credibilidad para una reforma fiscal integral

El presupuesto general del Estado de Guatemala se propone en casi Q80 mil millardos para 2017. Esto, según dicen, es necesario para empezar a encaminar al país en el sendero del crecimiento y el desarrollo inclusivo que precisa.

Para alcanzar este nivel de gasto, se ha propuesto una reforma fiscal que eleve los ingresos tributarios del Estado. Naturalmente, los que pagan impuestos de manera formal -menos de 800 mil contribuyentes- se han opuesto a pagar más, a cambio de… nada. La oposición ha venido, sobre todo, de los contribuyentes de clase media.

Por su parte, los grandes empresarios rápidamente se mostraron dispuestos a aceptar OTRA “reforma” fiscal, siempre y cuando sea pagada por las personas, o sea, no por ellos. Hablemos claro, no fue la gran empresa la que derrotó el más reciente, pero no el último, esfuerzo por elevar los impuestos en Guatemala. Fueron los clasemedieros, indignados y despertados por la desfachatez de que, se les pida pagarle más impuestos a un Estado que, pese a la lucha contra la corrupción, todavía es percibido como altamente corrupto e ineficiente.

Los clasemedieros, tan criticados por la clase intelectual progresista, son quienes pagan la salud, la educación y la seguridad públicas, para luego tener que pagar -otra vez- la salud, la educación y la seguridad privadas. Pese a que, de entrada, sus quejas son descalificadas por las élites progresistas y los expertos de organizaciones internacionales, exentos de los impuestos que nos recomiendan, estas debieran tomarse en cuenta. Sobre todo si se pretende lograr un consenso duradero que permita la construcción de un país y una sociedad en paz, estable y próspera.

Pueda ser que esta vez las cosas sean distintas. El gobierno de Jimmy Morales, a pesar de las críticas, ha hecho nombramientos que merecen respeto y resisten el escrutinio bien intencionado. En materia de competitividad, se ha puesto gente de alto nivel, como Acisclo Valladares, Enrique Godoy o Fernando Suriano, en puestos claves para dirigir proyectos que intentarán cambiar el rumbo de desarrollo del país.

En el Ministro de Economía, Rubén Morales Monroy, es otro técnico con mucha preparación para el cargo, lo que genera confianza en la selección como una iniciativa para liderar el esfuerzo por lograr cambios trascendentales para el país, entre ellos una Ley de Competencia.

Es necesario obligar al Estado a cumplir con los principios de gobierno abierto, transparencia y con la ley de acceso a la información

En el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el nuevo gerente es Marco Tulio Cajas, un profesional experto en materia de servicio civil, una reforma que hace falta si el pueblo guatemalteco espera que el Estado contribuya de manera positiva al desarrollo.

Desde la Secretaría de Inteligencia Estratégica, a cargo de Mario Duarte, se oye que ahora el Estado guatemalteco estudiará los problemas de largo plazo que debilitan al país, como la inseguridad alimentaria, entre otros. En el Ministerio de Gobernación, gente como el ministro Francisco Rivas y el viceministro Axel Romero, trabajan de cerca con la embajada en temas de seguridad, con lo que se logra continuar con una tendencia a la baja en los índices de homicidios.

Por último, el Ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, quien lidera los proyectos de finanzas públicas del Estado guatemalteco, es conocido como un buen hombre, de buena reputación y sólida formación técnica.

Hay razones y motivos para confiar un poco más en que el gobierno de Jimmy Morales puede lograr cambios positivos. Sin embargo, es muy temprano como para pedirle al contribuyente guatemalteco que pague más impuestos a cambio de simples promesas, solo porque algunas élites intelectuales afirman que, esta vez, las cosas serán diferentes.

Con tantos años de corrupción, promesas incumplidas, pésimos servicios públicos, el poder de los ilegítimos sindicatos públicos intacto, los pactos colectivos sin ser tocados, la corrupción en aduanas tal cual, etc. el pueblo guatemalteco, despierto como nunca, se siente lo suficientemente empoderado como para pedir un mínimo de justicia tributaria.

Antes de pedirle más impuestos a los mismos contribuyentes formales de siempre, los guatemaltecos exigen esta vez que se ataque con seriedad los problemas fiscales que se presentan a plena luz del día: la informalidad, la evasión fiscal y la carencia de una verdadera cultura tributaria, en donde todos los que pueden pagar impuestos lo hagan.

Por un lado, pocos pagan sus impuestos. Por otro, los que pagamos sufrimos de mala calidad en el gasto público, por lo que no vemos los beneficios que tanto prometen. En verdad, son simples los principios que deben guiar una reforma fiscal integrada. En primer lugar, disciplina fiscal. No solo los gastos no deben exceder los ingresos, sino que se debe eliminar la dependencia rutinaria al endeudamiento público.

Para asegurar que haya un nivel mínimo de calidad del gasto público, se deben tomar acciones simples que ganen credibilidad ante el pueblo guatemalteco. Por ejemplo, se debe activar la rendición de cuentas de una manera seria.

Para esto, es necesario que se obligue al Estado a cumplir con los principios de gobierno abierto, transparencia y con la ley de acceso a la información. Y entonces, cuando se activara al pueblo como partícipe en la auditoría social que debe acompañar a las acciones del Estado y cuando debido a sus programas públicos comenzaran a retornar algunos beneficios concretos para los pagadores de impuestos, una reforma fiscal integral sería aceptable por el pueblo guatemalteco. Quizás, cuando se cumpla con ello, estaríamos hablando de un país desarrollado, con un Estado cuyo presupuesto representara el 18% del Producto Interno Bruto, y no el 13.5% como lo hace el presupuesto general presentado para 2017.

Nicholas Virzi
Consejero Editorial
Revista GERENCIA
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