Proyectos de ley relevantes para la iniciativa privada en 2016
La agenda del Congreso de la República cuenta con varias leyes e iniciativas pendientes de aprobación. Las de mayor relevancia para los lectores y para el desarrollo de la economía de mercado en Guatemala son: la Ley de Competencia, la Ley de Competitividad y la Ley de Servicio Civil.
Ley de Competencia
Por presiones de los países más influyentes, Estados Unidos y los países europeos, Guatemala está obligada a aprobar una ley de competencia este año.
Una ley que también se conoce como anti-monopólica.
Una ley de competencia cuenta con la meta de prevenir restricciones en contra de la libre competencia de la economía de mercado, por lo que se debe dirigir en contra de las prácticas monopólicas que tienden a restringir la entrada al mercado y la producción. Medidas que repercuten en la subida de los precios, y en detrimento de los intereses de los consumidores.
Hay dos versiones de leyes de competencia, la americana y la europea. La primera es la versión original “Antitrust”, considerada un caso digno de investigar si una empresa posee cierto porcentaje de participación en el mercado, llamado dominancia. La versión europea, por su parte, supone que con un nivel de participación dominante en el mercado, la empresa es culpable y debe comprobar su inocencia con respecto a prácticas anticompetitivas.
Este tema es importante en Guatemala, dada la crítica de la concentración de mercados que se encuentra en este pequeño país. De 140 países, Guatemala obtiene un ranking de 97 en materia de efectividad de la política de antimonopolio, detrás de Costa Rica (55) y Chile (29), pero mucho mejor que Nicaragua (128), Argentina (129) y Venezuela (140). Si se hace una comparación de los mejores ejemplos de las dos versiones, Estados Unidos obtiene una mejor evaluación (10) que Alemania (14).
La versión americana no considera un monopolio u oligopolio malo per se, sino únicamente si su posición o protección se da por medio de prácticas anticompetitivas. La versión europea condena a la empresa simplemente por tener cierto nivel de presencia en su mercado, sin considerar que puede haberse dado por razones de mayor destreza, inteligencia y eficiencia, como la versión americana establece desde el comienzo.
Para Guatemala, las implicaciones de una ley de esta índole son obvias, por el tamaño de la economía con respecto a las economías de los países desarrollados. Son economías de menor escala, y las empresas compiten en un reducido mercado cuando las barreras de entrada pueden ser sustanciales. Una razón primordial, y la más antigua de todas, de una ley de competencia es prevenir el alza artificial de los precios. En este sentido, una ley de competencia aplicada en Guatemala tendría que tomar en cuenta no solo la participación de los productores nacionales en el mercado mundial del azúcar, por ejemplo, sino también la influencia que ejerce el sector azucarero de Guatemala en los precios mundiales del azúcar. En ambos casos, la influencia global es mínima.
El modelo de Ley de Competencia para Guatemala debería de ser la versión de la Ley Antitrust americana. Bajo esta versión, los monopolios (u oligopolios) “inocentes” logrados por mérito son perfectamente legales, pero no lo serían las prácticas diseñadas para impedir la competencia, o tratos en contra de la libertad de comercio. La última tendencia en las cortes americanas es requerir que los demandantes comprueben que una conspiración anti competitiva es probable, no solamente posible, si se consideran las evidencias, no solamente las cifras de participación de mercado. Dada las alternativas, esta debe ser la versión aplicada en Guatemala.
Ley de Competitividad
Relacionada con el tema de la Ley de Competencia surge la necesidad de una ley de competitividad en el país, que busca darle institucionalidad al tema de la competitividad nacional. Este proyecto de ley intenta desarrollar los sectores privados organizados y entidades privadas no lucrativas, como la Escuela de Gobierno y el Centro de Investigaciones Económicas (CIEN), para mejorar el ecosistema de competitividad en el país.
La razón de esta ley es que no existe un marco de referencia que unifique la visión del sector privado. Por falta de esta visión unificada, se han dado resultados aislados, en donde cada sector impulsa proyectos de ley particulares, lo que ha generado un desgaste para la iniciativa privada debido a los múltiples intentos de mejorar el clima de inversión y negocios sin mayor éxito. La Agenda Nacional de Competitividad Nacional, del CIEN, se toma como punto de partida, aunque el fin último sería brindarle al gobierno una propuesta de política pública que defina objetivos, instituciones, programas y presupuestos para poder realizar las metas de la Agenda Nacional de Competitividad.
Ley de Servicio Civil
La pretensión de una Ley de Servicio Civil se centra en mejorar la calidad de Estado en Guatemala, a la vez blindar al Estado de prácticas de corrupción, compadrazgo y clientelismo en la contratación de los agentes públicos.
Dado que son los agentes públicos quienes ejecutarán la aplicación de las leyes emitidas por el Congreso, conviene que se formen gestores públicos capaces y éticos, y que estos posean la oportunidad de hacer carrera profesional dentro del Estado.
El modelo para el resto del Estado lo tiene el Banco de Guatemala. Hay varias versiones flotando en el Congreso, por lo que no se puede decir con claridad cual de todas va a parar siendo ley. No obstante, es importante fiscalizar para asegurar que dentro de la ley de servicio civil no se legitimen prácticas absurdas y nefastas como los pactos colectivos y la inamovilidad del trabajador público, ni mucho menos la herencia privada de puestos públicos.
Nicholas Virzi Arroyave
Colaborador
Revista GERENCIA
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