Una mirada a Venezuela

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela revirtió su decisión de asumir las funciones del Parlamento de amplia mayoría opositora.

El gobierno venezolano ha venido incrementando el nivel de autoritarismo y reduciendo la libertad y la democracia. En la fotografía el mandatario de ese país, Nicolás Maduro.

No es nuevo -por ello no hay que sorprenderse ahora- que el gobierno venezolano ha venido incrementando el nivel de autoritarismo y, consecuentemente, reduciendo la libertad y la democracia. Desde temprano, el difunto Hugo Chávez dejó claro que aquella lejana elección que pudo generar alguna tenue esperanza, se iba a transformar en una dictadura que ha ido tomando cuerpo a lo largo de este nuevo milenio.

Chávez, o quizás alguno de sus asesores, había leído la historia del siglo XX (Paul Johnson lo describe en Modern Times) y aprendido de lo que Hitler hizo en su momento. De esa cuenta actuó igual que el genocida en 1933 y promulgó La Ley Habilitante, que le permitía concentrar todos los poderes, única forma de ejercer el poder total, desbancar a los opositores, no tener que rendir cuentas y anular el equilibrio de poderes que es el sustento de todo modelo democrático.

Maduro, mucho menos carismático que su antecesor, además de no contar con el apoyo que hace años tenía el régimen, se vio desplazado cuando la oposición le ganó y le restó control en la Asamblea Nacional, al obtener mayoría cualificada en las últimas elecciones y comenzar a reconducir al país a la senda correcta, muy alejada, por cierto, de una galopante inflación, un desabastecimiento de bienes y servicios que ha llevado a la desesperación a muchos ciudadanos, el mayor índice de homicidios de América y otros “récords” impropios, incluso, de dictaduras recientes.

La solicitud de un referendo revocatorio presidencial pareció ser la gota de agua que colmó el vaso porque las encuestas lo daban por ganado y Maduro tendría que dejar el poder y seguramente ser procesado junto con su vicepresidente y muchos ministros por diversos delitos, incluido el de narcotráfico y lavado de dinero que penden en Estados Unidos.

Había que contraponer una estrategia y no fue otra que desconocer a la Asamblea por haber incorporado a tres diputados amazónicos que daban la mayoría absoluta a la oposición. Para ello, el régimen utilizó el máximo tribunal de justicia conformado un día antes de que se disolviera el anterior parlamento e integrado por exdiputados oficialistas salientes. Una arquitectura que a Hitler no se le hubiera ocurrido, a pesar de su mente enferma. Maduro “asesinaba” a Montesquieu y con ello destruía uno de los tres pilares en los que se sustenta la permisividad internacional para no condenar regímenes de dudosa legalidad: observancia suficiente de los derechos humanos, ausencia de violencia visible y aparente democracia. El gobierno venezolano dinamitaba este último y la reacción internacional no se hizo esperar, siendo detonada por una tardía y poco exitosa intervención de la Organización de los Estados Americanos a través de su Secretario General.

Hay diversas teorías en torno a la razón que llevó al Presidente Maduro a aprobar tal estrategia. La más “convincente” pareciera apuntar a la necesidad de conseguir préstamos externos -que solamente pueden ser aprobados por la Asamblea- para hacer frente a una crisis económica realmente preocupante. El precio del petróleo no ayuda para contar con socios estratégicos y ni siquiera para mantener una dinámica interna que permita el abastecimiento mínimo de alimentos. La situación se ha tornado trágica y en algunos momentos se ha hablado, incluso, de hambruna nacional. De no conseguirse un mínimo de “efectivo” –credibilidad, que ya no es posible- el régimen puede provocar una rebelión interna que genere violencia y facilite la condena internacional, y que incluso permita a ciertos países hacer un llamado a la intervención.

La situación que vive Venezuela ha llegado a catalogarse de hambruna nacional.

La suspensión de la Asamblea ha sido unánimemente condenada. Algunos gobiernos lo han hecho de forma más clara y contundente, como Perú que retiró a su embajador, otros, han formulado su rechazo a través de los presidentes de sus respectivos gobiernos y, los que han callado, lo han hecho con un silencio “elocuente”, tal y como se catalogan en el ámbito diplomático ciertas actitudes.

Al momento de comentar estos sucesos, el propio régimen ha pedido a la justicia que “reconsidere” las decisiones tomadas en orden a revertir la suspensión. Puede ser una realidad que se produzca, lo que dejaría al Presidente peor parado de lo que ya está o, por el contrario, una forma de dilatar el tiempo y tomar mientras tanto las decisiones pertinentes que provocaron la decisión judicial. La estrategia de ganar tiempo es la que ha venido utilizando Maduro últimamente, así ha sido con la dilación de la convocatoria de elecciones para gobernadores por temor a perderla o el propio referéndum revocatorio iniciado hace casi un año y sin visos de que se vaya a llevar a cabo.

En todo caso hay cuestiones que aunque se analicen desde diversos puntos de vista dejan una realidad poco discutible. Venezuela se ha hundido e independientemente de lo que ocurra en el corto o medio plazo, la recuperación costará una o dos generaciones que lamentarán haber celebrado el chavismo.

Se ha generado, además, una polarización social difícil de conciliar que terminará generando más violencia de la que ahora se sufre. Finalmente, también ha dejado en evidencia un sistema internacional inoperante frente a situaciones que claramente violentan el sistema democrático. La OEA no ha sido capaz de hacer una condena contundente, mucho menos de expulsar a Venezuela del sistema; la ONU ni siquiera lo ha intentado.

Ello permite hacerse la pregunta de para qué sirven las organizaciones internacionales, intergubernamentales, supranacionales o cualquiera que sea la configuración, si permiten, en pleno siglo XXI, las locuras de alguien que, como otros dictadores en el pasado han hecho y desecho arbitrariamente, asesinado, encarcelado, matado las ilusiones de generaciones y permitido, cuando no alentado, la violencia.

Mientras todo eso ocurre en Venezuela -y lo vemos, escuchamos y leemos- el mundo pareciera estar más preocupado por cosas inmediatas e incluso banales. La lucha por la libertad, la democracia, los valores, etc., sobre lo que muchos pensadores reflexionaron hace unos doscientos años, pareciera no ser de interés en un mundo moderno. ¡A los hechos me remito!

Pedro Trujillo
Consejero Editorial
Revista GERENCIA
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