Contratos anómalos limitan el desarrollo en el país

Muchos negocios han sido declarados onerosos, llenos de vicios y donde figuran pagos millonarios en sobornos. Lo anterior deja claro, que no existe el mínimo interés por renunciar a malgastar los recursos de la nación.

El interés por reactivar el ferrocarril ha resurgido, al parecer, con el deseo de mejorar el transporte de carga entre puertos y otras conexiones. El tema de un transporte rápido y confiable, como el Metro, es necesario en Guatemala, además de un servicio de ferrocarril, que abarataría y disminuiría la carga vehicular en la ciudad, indicó Carlos González Arévalo, economista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes).

Es necesario que, si existe algún interés por reactivar el ferrocarril se descarte utilizar la vía férrea que atraviesa la ciudad, según Arévalo, quien resalta que “la mayoría de los ciudadanos siempre sospechan que en los negocios que se realizan con el Estado alguna coima se paga”.

Carlos González Arévalo, de Asies.

Hay que recordar que, Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) fue creada mediante el Decreto 22-69 del Congreso de la República de Guatemala, el 28 septiembre de 1972, con el objetivo principal de prestar un servicio público de transporte ferroviario de carga y otras operaciones relacionadas. Fue en marzo de 1996 que dejó de funcionar por falta de recursos financieros y el mal estado de las vías.

El 23 de abril de 1998, durante el gobierno de Álvaro Arzú, por medio del Decreto 27-98 del Congreso de la República de Guatemala, se aprobó el contrato de usufructo oneroso suscrito entre Fegua y la Compañía Desarrolladora Ferroviaria S.A. (Codefe), de nombre comercial, Ferrovías de Guatemala S.A., Escritura 402. El contrato concedió el derecho del uso de la red ferroviaria del país por 50 años. En otro contrato se obtuvo el equipo ferroviario, según informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

En 2006, cuando era presidente Óscar Berger, ambos contratos se declararon lesivos para los intereses del Estado. Railroad Development Corporation (RDC) demandó a Guatemala, y el caso se llevó a arbitraje internacional. El país tuvo que indemnizar por más de US$14 millones a RCD.

Alejandro Balsells Conde, abogado y columnista

Parte del convenio era que la empresa debía restablecer la red ferroviaria del país, pero pasados nueve años solo se había habilitado una ruta, que era solo de carga y no de pasajeros. En 2015 se anunció la reactivación de ese tipo transporte. La línea ferroviaria entre Guatemala y México volvería a entrar en operación; sin embargo, la actividad ferroviaria en Guatemala sigue detenida.

Imagen de país
Guatemala es un país atractivo para invertir, pero los capitales que vengan deben de ser transparentes y hay que dejar claro que grandes capitales también han corrompido al país, detalló el abogado y columnista, Alejandro Balsells Conde.

“El hecho de que se esté peleando contra la corrupción hace más confiable al país. Pero deben haber exigencias ciudadanas muy claras para transparentar los procesos, cuando existe una participación pública o cuando son netamente privados, pero que tienen una incidencia pública”, expresó el abogado.

Para el presidente de la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios (Cecoms), Jaime Matus, el mensaje que se está enviando es que se está tratando de corregir el camino. “Hay que ofrecer reglas claras y certeza jurídica para atraer buenas inversiones que ayuden a mejorar”.

Lo que se espera es que con tanto funcionario procesado por el delito de corrupción hubiera un aprendizaje y cambio de conducta, indicó González. “La percepción ciudadana es que, a pesar de las capturas, todavía hay corrupción y poca transparencia”.

María del Carmen Aceña, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera que hay muchas dudas cuando se hacen contratos con el Gobierno, debido a que no se respetan procedimientos. “Va a tomar un tiempo para que vengan firmas locales e internacionales que quieran participar en obras físicas o prestamos de servicios”, señaló.

Aceña agregó que, muchas empresas se fueron del país porque no quisieron participar de la corrupción, y ven con buenos ojos los procesos judiciales actuales. Sin embargo, no se ha creado el sistema para que regresen y vuelvan a participar en los procesos.

“Hay que hacer un cambio en la Ley de Contrataciones porque se volvió engorrosa. Tiene que haber un análisis profundo de cómo están los procedimientos y empezar a lograr contratos, porque hay varios que se han declarado nulos”.

Jaime Matus, presidente de la Cecoms

Balsells aseguró que la lesividad es una figura del Derecho Administrativo cuando sale perjudicado el Estado, y recuerda que desde hace varios años no se declara un contrato lesivo. “El tema es estructural, y el punto es que no funcionan los controles y la corrupción ha inundado los procedimientos.

Casos recientes Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que, la constructora brasileña dio en sobornos a funcionarios locales más de US$18 millones, lo que evidencia que la corrupción se ha convertido en un mecanismo sistémico.

De igual manera, la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), que también fue considerada un foco de corrupción para el país y fue declarada nula, implicó sobornos por más de Q32 millones, unos Q234 millones 880 mil.

Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA) fue creada mediante el Decreto 22-69 del Congreso de la República de Guatemala, el 28 de septiembre de 1972.

“TCQ y Odebrecht terminaron siendo parte de la corrupción. Debido a ese tipo de contratos anómalos, las obras públicas están detenidas. Lo mejor sería que los procesos sean transparentes”, agregó Aceña.

Según Balsells, Oderbrecht fue un caso que pasó por el Congreso, por lo que no existe transparencia en los contratos y su ejecución. “La lesividad es una exigencia ciudadana, pero tiene un plazo y solo el Presidente de la República la puede declarar. En el caso de TCQ se pidió la lesividad, pero el único que la podía declarar era el expresidente Alejandro Maldonado, y no lo hizo, por lo que se fueron por la nulidad del contrato, un proceso muy largo”.

La corrupción golpea a todos los sectores productivos, afirmó Matus, quien además cree que es una cadena que limita el desarrollo del país.

González considera que el caso TCQ hay dos maneras de verlo, por una parte habría que tomar en cuenta que se envía una mala imagen, inversiones futuras no vendrían al país por los problemas vistos y, la segunda es que, con el ejemplo de ese tipo de contratos hay que velar porque no se permitan las coimas en los contratos futuros.

Entre otros casos que se pueden mencionar, está el de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de Cuentas (CGC). Señalaron, en mayo del año pasado, que al menos 19 de los 29 contratos vigentes en ese momento en la portuaria eran onerosos. Así también, la privatización de Guatel y la concesión de la autopista Palín-Escuintla.

María del Carmen Aceña, del Cien.

La PGN también recomendó revisar 27 contratos de arrendamiento, comerciales y hangares, suscritos entre 2012 y 2015 en el Aeropuerto Internacional La Aurora, de los que 14 ya contaban con un proceso legal.

El Cien también indicó que varios pactos colectivos de algunos ministerios son
lesivos para el Estado, debido a que no cuentan con ningún tipo de estudio financiero o jurídico.

Aceña refiere que hay que corregir el diseño de la Ley de Contrataciones, ya que personas que no conocen como funciona el Estado la hicieron. “En Guatemala no tenemos expertos en licitación, además, hay un pavor por participar en esas juntas, el pánico de los empleados públicos tiene paralizadas las compras en el Estado”, detalló.

Balsells considera que corregir el problema es una decisión de Estado y un proceso a largo plazo. Hay que tomar iniciativas fuertes y contar con un Congreso serio, que la CGC sea eficaz, porque sin un sistema de justicia eficiente es mentira hablar de un combate a la corrupción, apuntó.

“Las obras de infraestructura crítica, paradas por corrupción, golpean el desarrollo y la movilidad del país. Es necesario hacer mejores contratos para mejorar la movilidad y apuntalar el desarrollo de Guatemala”, concluyó Matus.

Guillermo Isaí Ramírez
Colaborador
Revista GERENCIA
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