Infraestructura sostenible y financiada

La infraestructura es “la base sobre la cual se construye una sociedad equitativa, a la vez que se impulsa la sostenibilidad ambiental y se asegura la eficiencia económica en el largo plazo”, señala en su sitio web la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa). Añade que, las brechas de infraestructura contribuyen al incremento de desigualdades de ingreso y pobreza, y condicionan negativamente el desempeño de la actividad económica.

Durante el actual período de gobierno, el acumulado de inversión en infraestructura representa el 12.40% del PIB, el más bajo desde el 2004. A nivel latinoamericano, Guatemala ocupa el último lugar en inversión en infraestructura, con el 12.31% del PIB, cuando el promedio en Latinoamérica es del 18.41% del PIB.

El desafío es que la inversión pública pase entre el año actual y el año 2032, del 1.2 al 6.2% del PIB y que la inversión privada pase del 11.2% al 20% del PIB. Para Fundesa, la inversión en infraestructura va unida a la promoción de la competitividad, para ello es necesario contar con una planificación estratégica y un ordenamiento territorial que priorice la formación de un sistema interconectado de ciudades intermedias y que considere los seis componentes: servicios domiciliares, desarrollo urbano, mitigación de riesgos, fomento productivo, movilidad interna y conectividad global.

Es oportuno señalar la iniciativa de ley No. 5431 que propone la aprobación de la Ley General de Infraestructura Vial, y que ya recibió dictamen favorable de la comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República.

Fundesa señala como puntos importantes de esta iniciativa la creación de una entidad técnica especializada encargada de normar, coordinar y ejecutar la infraestructura vial, el fortalecimiento de la inversión y el desarrollo de capacidades de gestión municipal, la regulación de normas sobre el derecho de vía para la ejecución de infraestructura vial, la regulación del proceso de licitación, que se definan parámetros técnicos y objetivos para priorizar la ejecución y mantenimiento de obras, que se actualice la clasificación de la red vial y que se generen ingresos para garantizar el servicio en condiciones óptimas de funcionamiento, entre otras.

Sin embargo, hay puntos importantes a reconsiderar. De hecho, la Comisión parlamentaria hizo modificaciones de forma y fondo, señala Ricardo Barrientos, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), quien añade que la iniciativa es positiva, pero considera que debe ser revisada. En su opinión es positivo, por ejemplo, que se mantenga la rectoría del tema por parte del ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), y que la creación de la Superintendencia de Infraestructura Vial (Sivial), se mantenga como un ente, como autonomía funcional y financiera pero adscrita al Micivi.

Barrientos ve positiva la modificación referente al cobro de peajes. Sin embargo, indica que el principal problema de esta iniciativa es que no se buscan recursos adicionales para su financiamiento, sino que se propone modificar el destino del Impuesto a la distribución del petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo, ya que se pretende que todo lo recaudado y destinado al gasto público con el que se cubren las necesidades de salud, educación y otros, sean reservados a proyectos de la Sivial y las municipalidades.

A juicio de Barrientos, esto denota la falta de experiencia por parte de los ponentes, en lo referente a la asignación presupuestaria y al funcionamiento del Estado. Es importante que se busquen otras fuentes de financiamiento “porque más carreteras requieren más dinero, el que se puede obtener gracias a los contribuyentes de hoy, si pagan los impuestos, o de los del mañana, vía deuda pública o de las familias ahorrantes, vía el mercado secundario de valores”, indica.

Llama la atención también sobre el financiamiento de la infraestructura vial mediante el mercado de capitales; es decir que los contratistas podrán emitir títulos de deuda. Y este es un factor de riesgo financiero, el que Barrientos desconoce si cuenta con visto bueno de la Superintendencia de Bancos. El economista llama la atención sobre el hecho de que el Ministerio de Finanzas Públicas no dio el visto bueno para la iniciativa de ley presentada originalmente y recuerda que, aunque la iniciativa presenta avances, se siguen teniendo “problemas con incentivos perversos vía los privilegios fiscales”.

En el estudio “Desigualdad y poder, Economía de captura en Guatemala”, (Harald Waxenecker, Paraíso Desigual, febrero 2019) se indica que el mercado público privado de la construcción es el más voluminoso y abarca un total de 59,478 contratos que arrojan un total de Q78.167,6 millones en los períodos gubernamentales de la GANA, UNE, PP y FCN (enero 2016 – abril 2017). Durante los dos últimos gobiernos (PP y FCN), las licitaciones de los CODEDES se ejecutaron a través de las municipalidades por lo que el número de entidades compradoras se redujo.

El estudio indica que, hay “ausencia casi total de empresas constructoras con un alto rendimiento competitivo y/o una participación diversificada en diferentes segmentos de un mercado de más de Q78 mil millones. El estudio concluye que un reducido número de empresas lograron adjudicarse “utilizando influencias extraordinarias, un alto porcentaje de las licitaciones entre 2004 y 2017. Por tanto, en la economía de captura se (re)produce la concentración del capital en pocos actores”.

El concepto de economía de captura hace referencia a “las complejidades de la influencia de poderes económicos sobre el Estado para manipular y moldear las políticas públicas, normas jurídicas y regulaciones institucionales en beneficio propio. Este beneficio propio se expresa –en un sistema de economía de captura– en la capacidad de capturar ganancias o excedentes extraordinarios a través de medios indebidos”.

Lo que no se puede negar es que hay una relación directa entre la inversión pública en infraestructura y su efecto en el crecimiento económico. La Cámara Guatemalteca de la Construcción ha declinado ofrecer declaraciones. El tema es delicado, y es de conocimiento público que durante las últimas administraciones algunos de sus miembros se han visto envueltos en problemas de corrupción.

Roberto M. Samayoa O.
Colaborador
Revista GERENCIA
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