Los retos para encauzar el presupuesto estatal
El proyecto presentado al Congreso asciende a Q66,985.4 millones
El Gobierno de Otto Pérez Molina presentó al Congreso de la República una propuesta del Presupuesto el 27 de Agosto.
El Presupuesto General de la Nación de 2013 será el primero de la administración de Otto Pérez Molina. Lo que llama la atención es el incremento en el monto. Si bien se dice que el gasto público de Guatemala es bajo en relación a otros países que se puedan tomar como modelo, tampoco se puede negar que desde 2008, el presupuesto se ha incrementado, en promedio, un 9.71% anual.
En el mismo lapso de tiempo, la inflación promedio anual ha sido aproximadamente de un 5%. Esto significa que, el incremento promedio del presupuesto estatal ha sido el doble que el de la tasa de inflación.
En 2013, se calcula que el PIB de Guatemala será de Q425,265.5 millones. Eso significa que, el presupuesto asciende a 15.75% del PIB, su nivel más alto de participación estructural en la economía guatemalteca de
la historia.
El incremento promedio del presupuesto estatal ha sido el doble que el de la tasa de inflación.
No obstante, la carga tributaria sigue siendo insuficiente para financiar el presupuesto estipulado. En términos porcentuales del PIB (que no necesariamente es la mejor manera de medir), los ingresos totales del gobierno no superan el 12.7% del PIB, o el 80.65% del presupuesto.
Dicho de otra manera, existe una brecha de financiamiento de casi un 20% entre los gastos y los ingresos estatales.
Esta brecha se tendrá que cerrar con endeudamiento externo. El incremento en lo asignado para el pago del servicio de la deuda se calcula en un 21.45%, lo que representa un riesgo político enorme para el actual gobierno, pero también una oportunidad.
Para recuperar la confianza del contribuyente, no basta con reducir el nivel de corrupción de los anteriores gobiernos.
La administración de Otto Pérez y Roxanna Baldetti cuenta con la oportunidad de hacer historia, al cumplir por primera vez con las promesas de campaña de hacer las cosas diferentes, con transparencia, sin clientelismo, compadrazgo y corrupción. Las probabilidades de éxito son altas, porque las expectativas son bajas, y es aquí donde el gobierno actual le debe un favor al anterior.
Por el manejo desastroso que se ha dado históricamente en Guatemala con el tema del endeudamiento de los gastos tributarios (presentes y futuros), sobre todo en el gobierno de Álvaro Colom, la administración actual hereda una gran desconfianza en cuanto al manejo público de la deuda estatal y en el gasto público en general.
Durante el pasado gobierno, la deuda pública de Guatemala creció más del 60%. La percepción general fue que no se obtuvo un beneficio a cambio de este endeudamiento.
Esta percepción no se debe de desestimar, en primer lugar porque es correcta. La realidad pública más contundente en Guatemala no es la inseguridad, ni la pobreza, sino la brecha de desconfianza total que existe entre quienes pagan los impuestos y quienes los gastan.
Para recuperar la confianza del contribuyente, no basta con reducir el nivel de corrupción de los anteriores gobiernos. Si el actual gobierno tiene un verdadero plan estratégico, debería enfocar los recursos recaudados en lo que más preocupa a quienes pagan impuestos.
Esos temas son la seguridad, el clima de negocios, la certeza jurídica, Esos temas son la seguridad, el clima de negocios, la certeza jurídica, la educación infantil, la salud y la seguridad social.
No obstante el descontento por el monto del presupuesto y el incremento en el endeudamiento de los contribuyentes, el gobierno actual cuenta con la oportunidad de cerrar esa brecha de confianza. Esto se puede lograr fácilmente con acciones como asignar los recursos prometidos a la seguridad.
Aquí preocupa el hecho de que lo asignado al Ministerio de Gobernación y al Ministerio de Defensa se incrementa en un 10.52% en total, menor que lo que se incrementa globalmente al presupuesto.
Esto obedece principalmente a la rigidez presupuestaria del Estado guatemalteco, que asigna por ley, los ingresos estatales a rubros determinados que no obedecen a las principales preocupaciones del contribuyente, sino más bien a las necesidades de los que viven del erario público.
El gobierno de Pérez-Baldetti debería tener claro que el contribuyente guatemalteco exige que el dinero que paga en impuestos se gaste en lo que considera necesario para la gobernabilidad, estabilidad, y prosperidad. Si no lo hace, corre el riesgo de ser un gobierno fallido más.
Nicholas David Virzi Arroyave
Consejero Editorial
Revista GERENCIA
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