Salario mínimo, voluntad y criterios técnicos

Guido Ricci, coordinador de
la Comisión Laboral del CACIF.

Rodrigo Méndez,
investigador del CIEN.

Establecer cuál es la cantidad de dinero que se da a una persona a cambio de un trabajo o servicio realizado es una acción que requiere de mucha negociación y en la que se deben considerar distintas y múltiples variables, entre ellas, que la cantidad permita a la persona vivir, a secas, pero con todo el sentido de la palabra.

La fijación de los salarios es un problema global sobre el que la Organización Internacional de Trabajo (OIT) se ha manifestado, al denunciar que existe una brecha creciente cada vez más desigual entre el 10% superior y el 10% inferior de los asalariados.

El salario está garantizado por la ley y puede fijarse para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia, en consideración con las condiciones económicas y sociales de los países. Guido Ricci, del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícoles, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), añade que para la fijación del salario mínimo deben tomarse en cuenta las necesidades de los trabajadores y las posibilidades de los empleadores.

En Guatemala, el salario mínimo es fijado por la Comisión Nacional del Salario (CNS), una instancia coordinada por el Gobierno a través del Ministerio de Trabajo, y en la que participan los trabajadores, representados por los sindicatos y los empleadores representados por el Cacif. Estas tres instancias son quienes cuentan con voz y voto dentro de la CNS en la que también participan otras organizaciones sin derecho a voto.

A lo largo de los años, la polarización de la sociedad se ha visto reflejada en el trabajo de la CNS y salvo pocas excepciones han llegado a un acuerdo. Al no llegar a un convenio es el presidente de la república quien debe fijar el salario mínimo apoyándose más que en criterios políticos que técnicos.

La CNS sugirió que el salario mínimo mensual debe ser de Q2,421.75 para el sector no agrícola y agrícola, y en Q 2,246.25 para las actividades exportadoras y de maquila. El acuerdo alcanzado para 2013 es “histórico”, señala Augusto Valenzuela, miembro titular delegado del sector empleador.

En años anteriores, el problema de la fijación del salario mínimo ha radicado en que se ha hecho bajo criterios políticos y no técnicos. Es importante rescatar que en uno de los considerandos del acuerdo 359-2012 se señala que, para este año “se incorporó al análisis la inflación proyectada y los factores de productividad, objetivos tales como el nivel del Producto Interno Bruto y el crecimiento poblacional del porcentaje que contribuye a la productividad del país”.

Tanto Valenzuela como Ricci reconocen que ha sido un logro al que no habrían llegado de no ser por el apoyo recibido por parte de la OIT. Para Rodrigo Méndez, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el acuerdo da más certeza para los inversionistas de uso extensivo de mano de obra.

Acordar la fijación de un aumento del 5% al salario mínimo significa que previamente las partes, empleadores y trabajadores, hicieron sus propuestas documentadas y justificadas, y a partir de ese punto negociaron.

A pesar del acuerdo alcanzado, cabe mencionar que la cifra acordada no es suficiente para cubrir los montos de la Canasta Básica Alimentaria ni de la Canasta Básica Vital, que según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a diciembre de 2012 alcanzaba la cifra de Q 2,617.80 y de Q 4,777.01. Es evidente que los trabajadores asalariados tendrán un alto déficit para cubrir estas necesidades calculadas sobre la base de una familia de cinco miembros.

Al haber un déficit tan alto se podría pensar en un descontento generalizado entre los ciudadanos, pero no ha sido así, por lo menos públicamente. No porque haya poco interés en el tema sino porque el porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) con un empleo formal es bajo.

El INE calculaba, para 2011, en 9 millones la cantidad de personas en “edad de trabajar”, de los que 5.6 millones estaban trabajando o buscando trabajo. Según el INE, Guatemala cuenta con una tasa de ocupación superior al 95%, pero la subocupación está por encima del 55% en el área urbana y alcanza un 60% en el área rural.

A decir de Méndez, el 85% de las personas en Guatemala poseen ingresos por debajo del salario mínimo. Los datos muestran, entonces, que el salario mínimo es una realidad solamente para un pequeño porcentaje de la población. Por ello, Valenzuela señala que una de las preocupaciones del sector empleador se centra en cómo bajar el índice de informalidad.

Los implicados en el acuerdo alcanzado están orgullosos de la confianza construida, y no es para menos. “Asegurar un acuerdo técnico facilita que los empleadores no tengan que expulsar a los trabajadores a la economía informal”, señala Méndez.

Este es un logro al cual no se había llegado en 20 años, dice Ricci. Sin embargo, coinciden en que debe revisarse el marco sobre el que se está trabajando. Valenzuela señala que debe pensarse en una reforma al Código de Trabajo ya que el actual data de 1947 y fue formulado bajo otra realidad y añade que es necesario actualizar el reglamento.

Los entrevistados coinciden en que se debe tener más en las particularidades de las regiones para la fijación del salario y montos diferenciados para sectores vulnerables. No se sabe si teniendo ese u otro criterio, el Ministerio de Trabajo convocó para 2013 a una nueva mesa tripartita, la que tendrá que decidir el salario mínimo para los periodistas.

Uno de los elementos que aparece continuamente es el de la fijación de salario por criterio de productividad, quien más produce más gana, que pareciera ser la piedra filosofal. La realidad en Guatemala advierte que sólo un pequeño porcentaje se beneficia del salario mínimo. Por ello, la OIT recomienda al Estado elevar el nivel de educación y las capacidades requeridas para una transformación productiva que se traduzca en un aumento de la productividad laboral. Además, recomiendan desarrollar sistemas de protección social que permitan a los trabajadores reducir el monto de su inversión en educación y contribuir a una mayor demanda del consumo interno.

Méndez opina que se debe buscar la institucionalización del uso de una regla técnica, tal como sucedió en 2012, ya que esto da certeza a los inversionistas sobre las reglas del juego. Ricci confía en que el criterio técnico será la ruta a seguir en los próximos años. Valenzuela recuerda que al principio de la negociación uno de los miembros de la CNS invitó a sus colegas a abandonar sus posturas sectoriales y a “pensar solamente como guatemaltecos”, a lo que el consultor de la OIT respondió que más bien debía ser al contrario: cada uno debía conservar su propia identidad y diferencia y, a partir de esto, construir el acuerdo.

Roberto M. Samayoa Ochoa
Periodista
Revista GERENCIA
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