La desconocida historia de la redacción del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Es muy probable que usted no sepa, así de pronto y de memoria, cuál es el contenido del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mucho menos cómo se llegó a redactar. Sin embargo, es uno de los que más inciden en su vida y en la de su familia, sin que llegue a percibirlo. Se refiere al derecho a la educación.

El artículo fue redactado entre 1947 y 1948 por una comisión de dieciocho personas, presidida por Anna Eleanor Roosevelt, diplomática y activista estadounidense por los derechos humanos. En los sucesivos borradores que circularon entre los miembros, se estuvo debatiendo durante ese tiempo aspectos como: la no discriminación por sexo, ideología o raza, la gratuidad de la enseñanza básica, primaria, “fundamental” o elemental, según se percibían los términos, y aspectos similares que quedaron reflejados en la redacción definitiva del artículo en sus epígrafes 1 y 2, no sin discutir muchos borradores previos que puede leer en el diario de sesiones de la época.

Anna Eleanor Roosevelt presidía la Comisión que redactó el artículo en mención.

Sin embargo, ninguno de los comisionados, después de casi un año y varios borradores, reparó en que se le estaba otorgando el poder absoluto de la educación al Estado, con lo que ello implicaba. Fue el libanés Malik quien propuso incluir un tercer epígrafe en el que se les otorga a los padres la posibilidad de escoger el tipo de educación que desean para sus hijos. No fue tarea fácil incluirlo, a pesar de la racionalidad de la propuesta, ni darle una redacción definitiva. De no haber tenido aquella iniciativa el señor Malik, el Estado estaría hoy educando a sus hijos, sin que usted tuviera el derecho ni la libertad para hacerlo.

Es importante la reflexión, porque el tema del “derecho a la educación gratuita” pasa, al menos, por dos reflexiones fundamentales. Una, quién paga ese “derecho”, elaborado artificialmente en una comisión cuya idea no era precisamente promover la libertad individual, sino reducirla e impulsar  la tutela estatal. Otra, la creencia obligada y casi religiosa de que el Estado debe contar con una infraestructura de enseñanza que se ha demostrado más ineficiente que la privada, mucho más ideologizada y sujeta a capricho político, cuando lo que debería de hacer es velar para que la educación se dé dentro de un marco legal de reglas claras, la libertad de que cada quien genere las ofertas que estime y tome las opciones que desee y, en su caso, subsidiando a quienes no cuentan con medios suficientes.

Parece que nos hemos acomodado como ciudadanos, depositado nuestra libertad en manos de políticos y sindicatos, obviado la responsabilidad como padres e ignorado la raíz histórica de la situación. De esa cuenta la manipulación, muchas veces por comodidad propia, está a la orden del día. Al final, el Estado termina por educar a nuestros hijos mientras cerramos los ojos y no ejercemos nuestros auténticos derechos.

Es preciso ser padres de tiempo completo. Hay que asumir el reto de la responsabilidad en la educación de nuestros hijos y no dejarlo en manos de otros.

Pedro Trujillo
Consejero Editorial
Revista GERENCIA
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