El terror provocado por las pandillas no se reducirá en el corto plazo

Los pandilleros del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha cometen delitos como asesinato, extorsión, asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito y conspiración para el asesinato, y cuentan con estructuras bien conformadas, que también operan en El Salvador, Honduras, México y Estados Unidos

Geidy de Mata, politóloga y catedrática
universitaria

El Ministerio de Gobernación ha hecho la propuesta de calificar como terroristas a los pandilleros. La Iniciativa de Ley 5266 pretende reformar el Código Penal (Decreto 17-73) del Congreso de la República, donde se tipifica la prohibición de integrar maras o pandillas y busca establecer penas económicas y de prisión.

La iniciativa no es nueva, en años pasados hubo al menos cuatro intenciones infructuosas que buscaban la misma causa, todas basadas en la represión, pero ninguna avanzó.

Para Geidy De Mata, politóloga y catedrática universitaria, el calificativo es de forma, mientras que la esencia de las maras se centra en que son estructuras ilícitas, criminales que trafican y promueven el terror para obtener beneficios económicos. “La inseguridad, la delincuencia y el crimen organizado, requieren de tratamientos puntales a través de buenas políticas públicas”, aseguró.

Maria del Carmen Aceña, investigadora del CIEN

María del Carmen Aceña, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), señaló que las pandillas son un fenómeno social. “No se puede solo llevar a estos individuos a la cárcel, si no se cuenta con los controles respectivos de ellas. La mayoría de las llamadas telefónicas para extorsionar sale de las prisiones, y aunque el Código Penal permite juzgar a las pandillas, es mejor atacar el problema de forma integral”, indicó.

Sin embargo, el fiscal especial del Ministerio  Público (MP), Amílcar Ozorio, ve positiva la acción de renombrar a los pandilleros como terroristas, por el grado de temor y terror que han infundido en los guatemaltecos. “Las pandillas han atacado al Estado, porque en repetidas veces les han disparado a las patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC), así como intentos de liberación de pandilleros en los hospitales públicos y la toma de los centros preventivos”, apuntó.

Amilcar Ozorio, fiscal especial del MP
contra las pandillas.

Por otro lado, el fiscal advierte que sería oportuno que el Congreso de la República estudiara las repercusiones que esto tendría. “Que en Guatemala haya grupos terroristas podría influir de manera negativa en la economía del país, en la atracción de turismo y en la misma inversión. Por ello es importante analizar la connotación que tiene declarar a estos grupos como terroristas”

Grupos incontrolables

De acuerdo con datos de la PNC, entre 2014 y 2015, más de 20 mil personas murieron por venganza, homicidios y robos, todos los casos fueron relacionados con las pandillas.

Las pandillas captan más de Q8 millones mensuales, producto de extorsiones. En febrero recién pasado, una pequeña estructura criminal vinculada al barrio 18, obtuvo más de Q6 millones en tan solo 18 meses, según el MP.

En septiembre de 2016, las autoridades arrestaron a 170 personas ligadas a las dos pandillas ya mencionadas. Sin embargo, las operaciones delictivas continuaron, y Guatemala cerró 2017 con una tasa de 26.1 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

El Salvador, en 2016, tomó la decisión de considerar terroristas a los integrantes de las pandillas; sin embargo, la violencia no disminuyó. En el Triángulo Norte se estima que hay más de 100 mil pandilleros, y su edad promedio es de 15 años.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el impacto económico por la violencia es de unos US$4 mil millones en El Salvador, US$2.5 millones en Honduras y US$3.6 millones en Guatemala, el 3.4% del producto interno bruto.

Falta de voluntad

El tema de la violencia se está abordando de forma errónea, porque la génesis es la falta de oportunidades, empleo, educación y desarrollo humano, expresó Lizandro Acuña, investigador de la División de Justicia y Seguridad Ciudadana del IPNUSAC.

“El problema de las pandillas es económico social, sin embargo, las iniciativas presentadas son de carácter represivo, por lo que se duplican algunas funciones, lo que generaría que existan dos leyes de la misma especialidad y jerarquía, objeto de una inconstitucionalidad,” dijo Acuña.

Algunos congresistas afirman que, este tipo de iniciativas son represivas y que con la Ley contra el Crimen Organizado se puede juzgar a los integrantes de las pandillas.

“La política de seguridad debe ser ágil y profunda, por lo que el calificativo de terrorista no resuelve nada. La violencia no surge solo así, para buscar una solución hay que ir a la raíz, y hay que abordarla de manera integral, no reprimiendo y estableciendo calificativos”, expresó De Mata.

Aceña considera que, se debe priorizar una verdadera reforma al Sistema Penitenciario (SP), además de mejorar la infraestructura, hay que construir una cárcel de máxima seguridad, separar a los pandilleros y que los bloqueadores de señal telefónica funcionen adecuadamente, de lo contrario no habrá ningún cambio a corto plazo.

Javier Zepeda, director ejecutivo de la
Cámara de Industria..

“Debemos enfrentar nuestros problemas y no esperar a que disminuya la violencia por la extradición de algunos líderes pandilleros. Llamar terrorista a un pandillero puede resultar en un repunte de hechos más violentos y tener efectos contraproducentes”, indicó Acuña.

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, expuso que para el sector industrial y empresarial el tema de la seguridad es vital, no solo por las extorsiones, sino por la problemática social que limita el desarrollo del país. “Lo primero es retomar el control del SP, y resolver los problemas de fondo”.

Hasta el cierre de esta edición las autoridades esperaban que se formara una mesa técnica para hacer los ajustes necesarios para declarar a las maras como terroristas y juzgarlos de manera más drástica. Sin embargo, los analistas coinciden en que nombrar a los pandilleros como terroristas no cambiaría la crisis que atraviesa Guatemala, al contrario, podría ser contraproducente.

La conclusión es que la delincuencia debería abordarse de manera estructural, atender el problema de fondo y, sobre todo, fortalecer el Sistema Penitenciario, para que a largo plazo la violencia disminuya.

Guillermo Ramírez, Periodista Revista GERENCIA editorialgerencia@agg.com.gt.