Estrategias para la seguridad ciudadana y la justicia criminal
Seguir reduciendo la incidencia criminal en Guatemala requiere de un enfoque más focalizado
Lo que muestra esta situación es que, Guatemala ha llegado a un nivel en el que seguir reduciendo la incidencia criminal requiere de un enfoque distinto, más focalizado a nivel geográfico, con estrategias diferenciadas por delito, y una coordinación efectiva entre las instituciones que intervienen en el sector de seguridad ciudadana y justicia criminal.
Los guatemaltecos mencionan la inseguridad como uno de los problemas que más les afecta ante opinión pública. Sin embargo, a pesar de que la percepción es negativa, los números y estudios muestran que el país ha avanzado en seguridad ciudadana en los últimos años.
Las encuestas realizadas por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), de la Universidad de Vanderbilt -entre 2010 y 2021-, muestran que, en este último año, un 19.5% de las personas encuestadas en el país, entre el 30 de abril y el 31 de julio de 2021, dijeron haber sido víctimas de la delincuencia en los últimos 12 meses. La victimización había alcanzado el punto más bajo en el año 2014 (17%). (Ver Gráfica 1).
En el caso de la percepción de inseguridad, en el año 2021, un 43.8% de las personas consideraba que el barrio en el que vivía era inseguro, cifra que bajó por primera vez, después de haber subido en las anteriores tres mediciones (años 2014, 2016 y 2018). La cifra más baja se había registrado en 2012 (31.5%).
Lo que se observa en la gráfica anterior es que, entre los años 2010 y 2012 la tendencia de la percepción de inseguridad y la victimización bajó. En 2014 la victimización siguió bajando, pero la percepción de inseguridad empezó a aumentar. Desde entonces, hubo una brecha que se fue ampliando cada vez más entre las cifras de victimización y las de percepción de inseguridad.
Lo que muestra esta situación es que, Guatemala ha llegado a un nivel en el que seguir reduciendo la incidencia criminal requiere de un enfoque distinto, más focalizado a nivel geográfico, con estrategias diferenciadas por delito, y una coordinación efectiva entre las instituciones que intervienen en el sector de seguridad ciudadana y justicia criminal.
En 2022, en Guatemala se cometieron 3,004 homicidios, lo cual representa una tasa de 17.3 homicidios por 100 mil habitantes, la tercera tasa más baja históricamente registrada, y la quinta cifra de homicidios más baja registrada. El dato de 1999 fue de 2,655 y en el año 2000 alcanzó 2,904.
La tasa de homicidios aumentó en los últimos dos años (2021 y 2022), luego que en el año 2020 se registrara la tasa de homicidios más baja, en parte por las restricciones a la movilidad implementadas en el país a causa de la pandemia del COVID-19. Como se muestra en la Gráfica 2, estos incrementos dieron fin a un período de once años consecutivos (2010-2020) en los que la tasa no aumentó.
En 2022, doce de los veintidós departamentos del país superaron la tasa de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes. Ver Mapa 1. Los departamentos con las tasas más altas de homicidios fueron Escuintla (43), Guatemala (36.2) y Chiquimula (35.9). (Ver Mapa 1).
Por otra parte, cuatro departamentos concentraron dos tercios (65%) del total de los homicidios: Guatemala, Escuintla, Chiquimula e Izabal. Ver Mapa 1.
En 2022, la mitad de los homicidios (51%) se registraron en trece municipios. Seis en Guatemala, tres de Escuintla, dos de Izabal y los dos restantes son cabeceras departamentales.
El municipio de Guatemala (la capital), es el que mayor cantidad de homicidios registró (20.6% del total) seguido por Villa Nueva (5.9%) y Mixco (5.3%). Los tres suman un 32% de los homicidios del país; es decir, uno de cada tres homicidios se registró en alguno de estos tres municipios.
También es importante mencionar que, en el año 2022, en 116 municipios no se registraron homicidios. Es decir, en un tercio (34%) de los 340 municipios del país no hubo homicidios en 2022.
Denuncias de delitos en registros administrativos
Además de las cifras de homicidios, CIEN da seguimiento a las denuncias de otros ocho delitos. Al realizar la comparación de las cifras de los años 2021 y 2022, tres de los nueve delitos monitoreados se redujeron y seis aumentaron. Resalta en particular, el incremento en las denuncias de delitos contra el patrimonio: extorsión, robo de vehículos y robo de motocicletas. Las denuncias de estos tres delitos aumentaron entre 2021 y 2022, y en 2022 registraron cifras más altas que las del año previo a la pandemia (2019). (Tabla 1).
Propuestas
A continuación, se presentan propuestas para fortalecer la Policía Nacional Civil -PNC- y el Sistema Penitenciario (SP) como claves para lograr más y mejor seguridad ciudadana. Aunque, como se mencionó anteriormente, se necesita un esfuerzo integral.
Se requiere mejorar las competencias de los agentes de la PNC y fortalecer los controles internos
La PNC es la institución encargada de proteger la vida, la integridad física, la seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como prevenir, investigar y combatir el delito al preservar el orden y la seguridad pública.
En 2022, la PNC estaba integrada por 41,546 agentes en servicio en las distintas escalas jerárquicas y por 570 personas en la carrera administrativa. El personal operativo representaba una tasa de 23.9 policías por cada 10 mil habitantes, la cual aumentó entre 2007 y 2017, pero en los últimos cinco años registra poca variación. (Ver Gráfica 3).
Los ingresos a la carrera operativa de la PNC se realizan a través de la formación del personal de nuevo ingreso en la Academia de la PNC. Este proceso ha enfrentado varios desafíos, como los años en los que no se ha reclutado personal y otros en los que la capacidad instalada se ha visto superada, lo que ha afectado su calidad. Hasta la fecha no se ha logrado alcanzar el alto estándar de confiabilidad que una institución de seguridad ciudadana debe mantener. Continúa siendo muy cuestionable la fiabilidad de las evaluaciones, los incentivos para el ingreso y no considerar el perfil idóneo de los alumnos.
No hay evidencia que las políticas de aumento del personal operativo hayan sido justificadas por criterios cualitativos para obtener resultados puntuales en el mediano y largo plazo, o bien basados en una planificación gerencial que persiga ocupar agentes en competencias específicas y diferenciadas, con la idea de formarlos e insertarlos dentro de áreas acorde a su fortaleza y vocación, para gradualmente llevarlos a ocupar en el futuro cuadros técnicos especializados. Por ejemplo, admitir elementos con un perfil idóneo para que ocupen cargos en direcciones administrativas, financieras, de planificación, docencia, investigación, inteligencia u operativos, entre otros.
El control interno de la institución debe seguir un proceso de mejora continua para aplicar la normativa disciplinaria con apego en la ley. La confianza en la institución policial también reside en que la misma institución depure a los malos elementos que se vean involucrados en actividades ilícitas o que rompan con la disciplina institucional.
La mejora en la entrega del servicio requiere una policía enfocada en resolver problemas e incidir activamente en la reducción de los indicadores delictivos en los lugares más afectados. Para ello se necesita fortalecer los procesos de recolección, procesamiento y análisis de información como insumos para la planificación operativa.
Es necesaria la implementación del nuevo modelo de gestión penitenciaria
El SP tiene su base legal en el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Se establece que la institución debe ser de carácter civil y contar con personal especializado en la materia. Además se norma que el régimen penitenciario debe estar orientado a la reeducación y readaptación social de las personas privadas de libertad.
De las instituciones del sistema de seguridad y justicia penal, el sistema penitenciario es el que ha quedado relegado hasta ahora. Esto se evidencia en que entre 2010 y 2022 la población privada de libertad aumentó 120%, de 11,100 a 24,540 personas, sin embargo, no se construyó la nueva infraestructura penitenciaria que se necesitaba. La capacidad total de las 22 prisiones del país es de 6,842 espacios, con lo cual la tasa de ocupación alcanza actualmente el 359%, es decir, existe un 239% de hacinamiento, tal como lo muestra la Gráfica 4.
El hecho de no haber invertido a tiempo en infraestructura penitenciaria, genera consecuencias tanto para la población reclusa, como para el mismo sistema penitenciario y la sociedad, en particular porque debido al descontrol que existe actualmente, algunos delitos se cometen o se coordinan desde las cárceles.
En el tema de la rehabilitación, la Ley del Régimen Penitenciario introdujo en el año 2006 el régimen progresivo, un proceso de rehabilitación que consta de cuatro fases y que permite a las personas relacionarse paulatinamente con el exterior. Sin embargo, no se ha logrado implementar 17 años después de haber sido normado, únicamente se aplica la primera fase para una minoría de personas reclusas – en su mayoría mujeres.
El sistema penitenciario cuenta con aproximadamente tres mil agentes penitenciarios. Estos se preparan en una capacitación inicial de 6 meses, pero no hay capacitación continua de manera sistemática. Tampoco existe una carrera en la institución que permita al personal ser ascendido. La ley introdujo el concepto de la carrera penitenciaria y se indica que el personal debe estar sujeto a un manual de clasificación de puestos y salarios. Sin embargo, ni el manual de clasificación de puestos y salarios, ni los reglamentos requeridos han sido emitidos hasta la fecha. Actualmente, la asignación de puestos y responsabilidades queda a discreción de las autoridades de turno.
En 2016, para iniciar la implementación de la Política Pública de Reforma del Sistema Penitenciario 2014-2024, las autoridades decidieron implementar un Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria. Este permite administrar de manera diferente las cárceles, respetando los lineamientos de cero hacinamiento, personal profesionalizado, cero ocio y trato digno a las personas. En marzo 2017 se inauguró el Centro de Cumplimiento de Condena para Mujeres Fraijanes 1, sin embargo, con los cambios de autoridades en el Mingob ya no se avanzó en la expansión del modelo a otros centros de detención.
María del Carmen Aceña
Investigadora Asociada
CIEN
macena@cien.org.gt
Resumen de la propuesta del CIEN
