Justicia y Estado de Derecho

¿Ha reflexionado alguna vez sobre la importancia del Estado de Derecho? Por mi parte, he comprobado que algunas personas lo confunden con el “estado de legalidad”; es decir, aquel en el que hay leyes -generalmente muchas- que se aplican por la autoridad correspondiente ¡No tiene nada que ver!

En el estado de legalidad impera la primacía de ley, pero con legislación y normas que no siempre responden a los parámetros que deberían observar. Ejemplo de lo anterior pudieran ser regímenes como el nazi alemán, el actual de Corea del Norte o el venezolano de Maduro. Leyes “malas”, al más puro estilo desarrollado por Bastiat, que despojan de propiedad y libertad a los ciudadanos cuando no encarecen productos, limitan la actividad comercial o le quitan la vida ¡No vale cualquier ley!, porque lejos de proteger la libertad de los ciudadanos, algunas de ellas terminan por expoliarlo.

Es así como, contar con un estado de legalidad no garantiza la bondad de la ley ni mucho menos la igualdad ante ella. Es preciso -y necesario- dar un salto cualitativo al Estado de Derecho, modelo de orden en el que todos los ciudadanos están sujetos a leyes iguales, generales, que se observan por todos -gobernantes y gobernados- y se hacen cumplir por órganos independientes encargados de ello. En esta segunda situación -el Estado de Derecho-, no cabe la arbitrariedad ni el sesgo, justamente por los principios que concurren en la elaboración de la ley, particularmente los de igualdad, generalidad y publicidad.

Sin embargo, los grupos de presión y de interés tienden a promover leyes particulares y gremiales, lo que abre la puerta a que otros colectivos se sientan con idéntico derecho. Se atomiza la sociedad y lo importante, entonces, no es buscar normas generales -para todos- sino específicas que satisfagan los reclamos de esos gremios que tienden, con el tiempo, a ser numerosos al comprender que en la medida que se organizan pueden presionar al político y obtener ventajas. De esa cuenta, el ser humano, la persona -que debería ser el centro de atención- cede su espacio al calificativo que identifica al colectivo: hombres, mujeres, diversidad sexual, ladinos, indígenas, afroamericanos, adultos y jóvenes, casados y solteros, y así un sin número de grupos que reclaman marcos legales particulares con diferentes justificaciones, ficticias y reales, que se resumen así: si otros cuentean con privilegios, ¿por qué nosotros no?

Imposible vivir en una sociedad en la que no prevalezca el Estado de Derecho, y las razones son fácilmente perceptibles. En cualquier organización social que existan normas impuestas -o sugeridas- por un determinado grupo de interés, la certeza jurídica no existirá más allá del momento en que otros colectivos, menos, terminen por darle un giro a la norma en favor de ellos, sus intereses y sus réditos, y eso suele coincidir con cambios de gobierno. Las reglas del juego: sociales, penales, administrativas y comerciales no contarán con la certeza necesaria para que se pueda hacer el correspondiente cálculo económico o el costo de oportunidad de tomar una decisión y, por tanto, sus actividades, cualesquiera que sean, tendrán un alto costo, además de estar en riesgo permanente. Además, si usted es un ciudadano que no forma parte de ninguno de esos grupos, verá perjudicada su vida porque de un día para otro los cambios que sorpresivamente se produzcan, le restarán libertad de elegir, consumir o adquirir bienes y servicios, cuando no encarecerlos.

Esos postulados, enormemente intuitivos, parecen difíciles de comprender por muchos. La rentabilidad del corto plazo -o el poder- suele opacar la razón y los réditos impiden sentir el riesgo permanente. Regímenes autoritarios o mercantilistas que satisfacen expectativas de inversionistas no dejan ver que, en un determinado momento, el gobernante autoritario cambia caprichosamente las reglas del juego o la llegada de regímenes democráticos anulan marcos legales anteriores porque no se sustentan en principios de generalidad. Es ahí cuando la inversión toca fondo y se producen perdidas enormes que terminan por quebrar los negocios o desencantar la actividad productiva.

Las democracias, en la medida que son estables y previsibles, garantizan un Estado de Derecho alejado del estado de legalidad. La certeza jurídica en el largo plazo permite planificar a muchos años y así establecer un programa de rentabilidad prorrogada que abarata los costos de transacción. Cuanto se está seguro de que las cosas serán muy probablemente como se planifican -escenarios de certidumbre- se puede trabajar con márgenes de costos y beneficios mucho más ajustados y, consecuentemente, con productos más competitivos. Por el contrario, cuando apenas se conoce lo que ocurrirá en el año en curso, las decisiones -ambiente de incertidumbre- solamente pueden tomarse sobre probabilidades asignadas a posibles escenarios que pueden suceder, lo que incrementa el riesgo y los costos.

Es necesaria una justicia y un sistema judicial que armonice esos principios y los exija y haga cumplir. Ello requiere de jueces probos, independientes, preparados y, sobre todo, seguidores de principios asociados a la libertad y el Estado de Derecho. Sin un sistema judicial eficaz, la aplicación de la legislación no está alejada de favoritismos, amiguismos y repercutirá en la certeza jurídica. Buenas leyes requieren, a la vez, buenos jueces lo que pasa por comprender los principios que deben sustentar aquellas, pero también la calidad ética y profesional de estos.

Mucho se habla de mejorar la aptitud de políticos que acceden al ejecutivo y quienes desde el legislativo debaten asuntos nacionales, pero muy poco de cómo y porqué hay que diseñar un sistema judicial en el marco de lo antes indicado. Se habla demasiado de Política y poco de Derecho, sin darnos cuenta de que la primera aborda el estudio de factores inmediatos y generalmente de corto plazo, mientras el segundo establece las garantías necesarias para poder desarrollar proyectos. Es preciso un cambio de esquema en las preocupaciones ciudadanas y tener las ideas claras sobre la imperiosa necesidad de la certeza jurídica y el cumplimiento de normas generales. No es un tema de elites sino de ciudadanos responsables comprometidos con un sistema republicano.

Pedro Trujillo
Consejero Editorial
Revista GERENCIA
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