Ley y orden, el derecho humano de todos

Nicholas Virzi Arroyave.

Según datos internacionales, Guatemala es un país que carece de estado de derecho y seguridad. La ausencia del estado de derecho es lo que fomenta las altas tasas de homicidio, que si bien han bajado de 46 por cada 100 mil habitantes en 2009 a 31 en 2014, todavía está un 28% por encima de los 24 por cada 100 mil que se registraron en 1999. Porque, aunque la tendencia en homicidios es a la baja, lo cierto es que Guatemala todavía integra la lista de los 10 países más violentos del mundo, en cualquier año. Por lo que no es alentadora la tendencia en las mediciones estadísticas.

La corrupción del Estado y falta de estado de derecho promueven la impunidad e incentivan a que la criminalidad actúe con confianza y saña.

En el informe del Índice de Competitividad Global (ICG) 2014-2015, los guatemaltecos entrevistados citaron los problemas más importantes para hacer negocios. El punto de mayor preocupación fue el crimen y el robo, indicado por el 20.4% de los encuestados, cifra por encima de la corrupción (16.4%).

El ICG analiza 144 países, a los que califica en varios rubros en una escala de 1 a 7, en donde 7 es la mayor nota. Asimismo, a cada nota se le asigna un ranking que indica la calificación de cada país, en donde 144 es el peor ranking. En el ICG de 2014-2015, Guatemala obtuvo una nota de 4.9 sobre 7, y se posicionó en el ranking 88 en costos empresariales del terrorismo. En costos empresariales del crimen y violencia, Guatemala obtuvo una nota de 2.1 sobre 7, y un ranking de 142 de 144 países de la muestra mundial. En el rubro de crimen organizado, Guatemala obtuvo una nota de 2.5 sobre 7, para un ranking de 144, el peor del mundo. En instituciones, Guatemala obtuvo una nota de 3.3, y un ranking de 109, más de 30 escaños por debajo del ranking global de 78.

El estado de derecho y la seguridad debieran ser la prioridad de cualquier gobierno. Es la razón por la que se instituyen los gobiernos. La seguridad es el prerrequisito de un buen clima de negocios, que genera empleo, ingresos estables, acceso a la vivienda, abrigo y alimentos.

Nadie sufre más la inseguridad que los pobres. Son las víctimas comunes de oportunidad, porque son los pobres quienes viven en comunidades inseguras. Sus personas, bienes y derechos son los que más abusos sufren. Simplemente, sin seguridad no hay desarrollo ni dignidad humana. Aquí, como señala el informe “Un millón de voces”, los temas de seguridad y justicia son ignorados por las Metas del Milenio.

La falta de seguridad impacta a la economía de mercado, la creación de empleo, la lucha contra la pobreza, la equidad de género y los derechos de la niñez, porque las mujeres y los niños son las víctimas comunes de los criminales.

La criminalidad también se apodera de la cultura, desplaza los valores tradicionales y culturales por las nuevas tendencias del supuesto arte moderno, que celebra a los criminales narcotraficantes y secuestradores en las canciones populares de la música latina, afroamericana y, ahora, musulmana.

La falta de avances en seguridad y justicia no es simplemente un tema de costos empresariales, sino de pobreza, desigualdad ante la ley y derechos humanos. Sería bueno que las organizaciones de la sociedad civil se recordarán de eso. En vez de amarrarles las manos a las fuerzas de seguridad bajo la premisa que, cero tolerancia con la criminalidad implica alguna violación de los derechos humanos, deberían aplaudir los esfuerzos de las fuerzas del Estado de imponer ley y orden, en pro de los derechos humanos de todos.