Reformas constitucionales, oportunidad para mejorar o empeorar

                    En 2010 se imprimió una Constitución de pasta plateada, por los 25 años.

                     Pedro Trujillo, analista pol’ tico y director de la EPRI, de la UFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una Constitución es el alma de un Estado. En ella se establece el marco jurídico base que regulará la convivencia de la sociedad. Por eso es que cuando se habla de reformarla, las propuestas deben ser sometidas al más minucioso y detallado debate, de tal forma que los cambios sean para bien y no simplemente para satisfacer las necesidades e intereses de uno o varios grupos.

Esta es precisamente la historia que se vive en Guatemala. El gobierno del Presidente Otto Pérez Molina ha presentado ante el Congreso una serie de reformas que, según él, son necesarias y urgentes para garantizar la
gobernabilidad del país.

Y aunque tiene sus seguidores, la iniciativa presidencial también tiene sus detractores y, por supuesto, existen aquellos que ni se oponen ni las aprueban, pero sí exigen que si algo debe modificarse se deberá hacer luego de un amplio debate y seguros de que será para beneficio de la sociedad y no de grupos particulares.

Los contenidos

Varios son los temas que están en la mesa de discusiones, pero quizá sólo dos son los que están despertado argumentaciones de todo tipo. Por un lado están quienes se preocupan por los costos que implicará la implementación de las reformas y, por otro, los que sostienen que el punto al que debe ponérsele la atención máxima, es al de la reforma al sistema de justicia.

Ambos tienen sus propias razones y, por supuesto, planteamientos que dan validez a sus argumentos, pero también es cierto que nadie tiene la verdad absoluta y quizá los pensamientos que expresan los ponentes de cada visión tengan aspectos que deben contraponerse a otros para establecer su verdadero nivel de certeza.

La Constitución guatemalteca fue aprobada en 1985, y con ella se dio lugar a lo que ahora se denomina la nueva era democrática del país. En 1993, el Congreso de ese entonces aprobó 37 modificaciones, las cuales se ratificaron en Consulta Popular el 30 de enero de 1994.

Un nuevo intento de reformas se llevó a cabo en 1999, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, que intentó llevar a la Carga Magna lo establecido en esos acuerdos. Sin embargo, la mayoría de guatemaltecos dijo no a esos cambios en una Consulta Popular efectuada el 16 de mayo de 1999.

Hoy día, estamos a las puertas de un nuevo proceso de cambio, así es que el pueblo debe estar atento a las acciones que se practican en esa ruta y así fiscalizar que todo se desarrolle en pos del bien común.

Instituciones como la Universidad de San Carlos de Guatemala debieran calcular sus necesidades y tomar en cuenta los objetivos del Estado, y no basar sus presupuestos en mínimos o máximos aportes anuales.

De finanzas y costos
Por supuesto que efectuar muchos de los cambios que se pretenden para la Carta Magna no será algo gratuito. Muchas de las reformas requieren de inversiones que garanticen la puesta en marcha real de las modificaciones.

Pedro Trujillo, analista político y profesor de la Universidad Francisco Marroquín, es de quienes creen que todo tiene un costo y, por supuesto, habrá que afrontarlo, pero considera que antes de darle vigencia a esos cambios debe debatirse de dónde saldrán esas erogaciones.

Trujillo también piensa que cuando se habla de aportes constitucionales, estos no debieran establecerse de la manera que ahora se calculan. Más bien debieran ser discusiones anuales para la elaboración de las propuestas de Presupuesto General de la Nación. “Ya basta de porcentajes mínimos o máximos de aportes anuales. Deben calcularse las necesidades de las instituciones y los objetivos del Estado, y de allí establecer con claridad las cifras que deberán asignarse a las instituciones que así lo requieran”, puntualiza el analista.

Trujillo se refiere a entidades como la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), la Universidad de San Carlos (USAC) y el Organismo Judicial, última entidad que incluye en su presupuesto a la Corte de Constitucionalidad y a la Contraloría General de Cuentas, todos con asignaciones porcentuales que en muchos de los casos ni siquiera se hacen realidad.

Trujillo propone que cada año se hagan cálculos serios de las necesidades institucionales y, traducidas en cifras, se transladen al Congreso para su sana discusión y aprobación.

El gran problema que Trujillo ve en este tipo de cálculos es que, por un lado, no garantizan a las instituciones el ingreso, por cuanto dependen en un mayor porcentaje de la recaudación. Pero, por otro, no necesariamente satisfacen las necesidades institucionales de quienes reciben el aporte.Al deporte federado, por ejemplo, se le asigna un 1.5 por ciento del presupuesto general de ingresos ordinarios, lo cual podría redondear unos Q704.57 millones en este 2012, si se toma en cuenta que los ingresos corrientes del Estado están calculados en unos Q46,971.2 millones.

Por ello es que el analista propone que cada año se hagan cálculos serios de las necesidades institucionales y, traducidas en cifras, se trasladen al Congreso para su sana discusión y aprobación.

El caso de la Universidad de San Carlos no es muy distinto del de la CDAG, pues, según la Constitución Política deberá recibir un aporte anual de no menos del 5 por ciento de los Ingresos Ordinarios del Presupuesto General de la Nación.

Si nos basamos en el cálculo anterior, ello signifcaría que a la USAC debiera tocarle este año alrededor de Q2,348.56 millones y al Organismo Judicial unos Q939.42 millones.

La pregunta del millón es, será mucho o será poco para estas entidades. Seguramente las autoridades de cada una de estas instituciones argumentaría que es muy poco, lo cierto es que, por ejemplo, con las reformas, de ser aprobadas, la cifra del Organismo Judicial mínimamente se duplicaría, es decir que si se aplicara este año sería por un monto de Q1,878.84 millones.

Entonces, dice Trujillo, deben discutirse las prioridades del Estado y entorno a ellas decidir a quienes les dan más y a quienes menos. En su criterio, entonces, hacer una reforma constitucional para que queden aportes poco reales para la medida de las necesidades institucionales, no redunda en ningún beneficio ni para las entidades ni para la sociedad misma.

           Ricardo Rojas, Juez de lo Criminal y profesor invitado de la UFM

       Alejandro Balsells Conde, presidente del Cedecon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros costos
El proyecto de reformas, entre otras cosas, también reconoce oficialmente la existencia de 24 idiomas indígenas, que modifican el artículo 143 de la Carta Magna. Pero eso no es problema. Según Pedro Trujillo, el asunto preocupante está en la parte que dice que el Estado podrá determinar el ámbito de aplicación material de estos idiomas, de acuerdo con criterios técnicos, lingüísticos y territoriales.

En ese sentido, el analista se pregunta si eso significa que si una comunidad quiere que todos los rótulos comerciales y las señales de tránsito estén escritos en su idioma maya, ¿deberán cambiarse todos? Y se responde de inmediato diciendo que están en todo su derecho.

El problema, asegura, es en torno a quién financiará esas modificaciones de los rótulos. Seguramente querrán que sean financiadas por el Estado, “pero eso significaría erogaciones que en las condiciones actuales del Estado guatemalteco se hacen innecesarias y hasta elevadas para las magras finanzas de la Nación”, sostiene Trujillo.

Y para dejar claridad en lo caro que podría costar la implementación de este tipo de reformas, el politólogo cuenta que en España cuando se hicieron reformas parecidas a éstas, sólo el aspecto lingüístico costó alrededor de 2 millones de euros. “Y eso que por allá apenas y suman unos 5 idiomas reconocidos”, agrega.

Lo urgente y necesario
Pero más allá de los costos, hay otros puntos que resultan importantes de analizar en las reformas. Alejandro Balsells Conde, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), dice que si algo debe ser rescatado de las críticas a las reformas constitucionales es el hecho de buscar reformas al sistema de justicia.

Según Balsells, en ese sector las modificaciones son urgentes. Es tan tajante en esa parte de su análisis sobre las reformas que se atreve a decir que “o decidimos mantener la administración de justicia bajo el control de la estructura actual del Organismo Judicial o mejor se crea otro ente que de verdad la garantice”.

Según el abogado, el sistema de justicia es uno de los grandes responsables del clima de violencia que actualmente enfrenta el país. De allí su firme convicción en cuanto a que debe cambiarse.

Balsells no duda ni un instante en asegurar que es imperante cambiar la forma en que se elige a los magistrados, buscando mecanismos más apropiados para garantizar su independencia. Lo anterior deja claro que tampoco es que esté totalmente de acuerdo con las reformas tal cual las planteó el Ejecutivo al Congreso de la República, pero sí que comparte la necesidad de discutir a fondo en el seno de la sociedad los cambios que sean necesarios para beneficio de todos.

Por ejemplo, menciona que debe aprovecharse para evitar lo que denomina la “nefasta existencia de magistrados suplentes en la Corte de Constitucionalidad”. Eso, para el analista, es perjudicial para el sistema de justicia, por cuanto deja la posibilidad de que sean juez y parte en algunos casos, pues a éstos se les permite seguir actuando como abogados y/o notarios, pudiendo a veces encontrar intereses encontrados y favorecer a personas o agrupaciones con sus decisiones.

Ricardo Rojas, de nacionalidad argentina, donde labora como Juez de lo Criminal, y profesor invitado de la Universidad Francisco Marroquín, está en una línea de análisis muy parecida a la de Balsells. Sin embargo, es mucho más específico en lo necesario de modificar el sistema de justicia y, fundamentalmente, el sistema de elección de jueces y magistrados.

Para Rojas, los mecanismos actuales facilitan la corrupción y el tráfico de influencias, y advierte que debe tenerse sumo cuidado con las reformas que se harán. Por ejemplo, dice, hay muchas cosas buenas que ya tiene la Constitución guatemalteca y por allí alguien puede dar al traste con esas partes durante el proceso.

Entre ellas menciona la no reelección de quienes han ocupado la presidencia y, por supuesto, también el veto a la posibilidad de que sus familiares puedan convertirse en la cara de seguimiento de esos regímenes.

De acuerdo con Rojas, las reelecciones suelen llevar al enquistamiento de personajes en el poder y vedan la posibilidad del relevo al que tienen derecho las nuevas generaciones. Para ejemplificar su análisis menciona que, en Argentina se acepta una reelección, la cual ya ha logrado la actual presidenta Cristina Fernández. Pero dice que hoy en día ya se conocen esfuerzos de la mandataria por reformar la Constitución de su país, y así permitir nuevas reelecciones.

En el caso de la elección de magistrados y jueces, Rojas recomienda un amplio debate social, pues deben buscarse mecanismos en los que se garantice la mayor apoliticidad posible de los grupos electores. Reconoce que elegir jueces para períodos preestablecidos no es la mejor opción y más bien debiera buscarse que sean para tiempo ilimitado, como sucede en Estados Unidos.

La reforma promovida por el Presidente Otto Pérez Molina eleva de 5 a 10 años el período de un magistrado, pero eso, de acuerdo con los planteamientos de Rojas, sería más de lo mismo.

Guatemala debe buscar, dice, los procedimientos consensuados que den mayores garantías a la sociedad, en cuanto a que su sistema de justicia tiene las menores probabilidades de corromperse y un magistrado que sabe que en cierto tiempo quedará fuera del sistema, tiene más motivaciones para corromperse que uno que está seguro y estable en términos laborales.

El proyecto de reformas constitucionales, que propone la modificación de al menos 35 artículos, fue entregado por el Gobierno al Congreso el 27 de agosto.

Lo cierto es que las reformas a la Constitución están a la vuelta de la esquina. Cuánto nos costará financieramente implementarlas como sociedad, es algo que aún se desconoce, pero también es algo que no puede dejarse de lado, porque tiene que llegar el momento de la acción. Y qué es lo que debe o no reformarse, también debe estar en la agenda nacional, porque si no existe un debate serio y frontal entre los distintos sectores de la sociedad las posibilidades de que haya fallas son mayores.

La Constitución es un contrato social en el que un grupo de seres humanos que habita un área determinada y debe convivir en esa área, se pone de acuerdo para establecer la reglas para esa convivencia. Por eso, la discusión debe ser amplia y no precipitada. Los cambios afectarán a toda la sociedad, así es que no porque a un gobierno se le ocurre que deben cambiarse las reglas para que su equipo pueda trabajar mejor, debe apresurarse el paso y echar a
perder todo.

La participación social es importante y, por supuesto, debe promoverse. Sólo de esa forma podrá garantizarse que las modificaciones que finalmente se hagan a la Carga Magna sean las más adecuadas y de verdad beneficiosas para los habitantes de este territorio llamado Guatemala.

Carlos Morales Monzon
Periodista y Consultor
cmorales@themediaservices.info