JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ MERLO
Dicen que la competitividad de un país depende de la salud y educación de sus habitantes. Personas enfermas y sin conocimientos no podrán prosperar. Los rubros anteriores son tan importantes para el desarrollo de nuestro país que cometemos un grave error al permitir que se manejen como monopolios públicos.
Desde 1995, el gasto público en educación ha crecido a una tasa nominal cercana al 15%. A ese ritmo se duplica cada cinco años. Es el rubro individual más importante del presupuesto público consumiendo casi 20% del mismo. Sin embargo, los niveles de calidad educativa del país parecen estar peor que nunca. Y la cosa no se pone mejor. Bajo la dirigencia magisterial de Joviel Acevedo, el Ministerio de Educación recientemente ha prometido un aumento salarial de 30% en los próximos tres años sin que haya compromiso alguno de mejorar la calidad educativa. Con esas medidas estamos preservando un vicio que garantizará nuestro subdesarrollo educativo.
El Ministerio de Salud no se queda atrás. Su presupuesto viene creciendo a un ritmo de 12%. Mucho más rápido que la inflación y la población del país. El monto nominal de gasto se ha quintuplicado desde 1995. Aún así es notorio que la calidad de la salud continúa siendo precaria. Claramente, la calidad del gasto ha sido dejada de lado en aras de la cantidad. La percepción de la población es que no ha habido avances significativos.
Es momento de cambiar la forma de entregar servicios públicos. El gobierno puede continuar dando el financiamiento pero es crítico que los padres elijan de quién y cómo reciben educación sus hijos. Vouchers que los padres puedan cambiar por educación aumentaría la oferta y la competencia. Con esto tendríamos esperanzas de mejorar la calidad. El mismo modelo se puede aplicar a la salud. Lo importante es descentralizar los servicios e introducir opciones para el ciudadano. La competencia se encargaría del resto.
El gobierno no tiene por qué ejecutar todo. Hay muchísimo espacio para que los ciudadanos organizados en empresas puedan proveer servicios en competencia mejorando calidad y precio. Lo importante es romper paradigmas y anteponer el interés del ciudadano al del funcionario público.
José Rafael González Merlo
Analista Economico