¡Basta ya de una administración pública deficiente!

Guatemala atraviesa por una situación que cualquier país lamentaría. Una crisis de gobernabilidad a consecuencia del pobre liderazgo del presidente de turno, Otto Pérez Molina. Se dice que los problemas derivan de la corrupción del gobierno, y es verdad. Pero es una verdad a medias, porque la clase política guatemalteca es, hoy por hoy, congénitamente corrupta.

Y todo esto va más allá del gobierno de Pérez Molina. La clase política entera está descalificada por la clase pensante y votante. Ante ello, la pregunta que nos hacemos es ¿qué hacemos los guatemaltecos ante el descubrimiento de que el Estado es corrupto hasta los huesos? ¿Habrá salvación?

La respuesta es sí, Guatemala se puede salvar. Y más directo, la podemos salvar. Porque es un país con una masa crítica de gente buena, que no solo ha salido a las marchas en la plaza central para protestar contra la corrupción, sino también hay gente que ya trabaja en el Estado.

Los males que pasamos se deben a que, esta gente con compromiso y visión, no es la que manda en el Estado guatemalteco. Este padece la falta de liderazgo positivo, desde el presidente hasta las instancias más bajas, las únicas excepciones son algunos ministerios y embajadores clave. Para los ojos de los guatemaltecos, es total la descalificación de la clase política, de casi todos los que han pasado por el poder político en los años posteriores a la firma de los inoperantes Acuerdos de Paz. Con poquísimas excepciones, porque sí se salvan algunos, pero ninguno que haya trabajado en las instancias de recaudación y control del gasto público y control de la corrupción. Esto es lo que urge, renovar la clase tecnócrata guatemalteca.

Para ello, habría que empezar de cero, con nuevas personas y nuevas propuestas, y no hacer caso a personas que pasaron por el poder en su momento, sin haber levantado un dedo para acabar con la corrupción. Como se dice en la tierra de Todd Robinson, “been there, done that!”.

Estrategia para renovar el Estado El primero y más importante paso para rescatar la institucionalidad pública, es la formación académica del recurso humano del Estado. Se debe contar con academias formadoras de servidores públicos, comprometidos con principios y valores para lograr el desarrollo político, económico y social del país.

Eso sí, el concepto de servidor público se aleja de la concepción negativa de agente público que el votante guatemalteco, y con justa razón, posee de quienes han pasado por el poder sin haber hecho nada en contra de la corrupción. Las mismas personas que ignoraron los problemas en su momento cuando estaban en el poder, son las que hoy intentan abanderar el esfuerzo y proponer soluciones.

El país requiere más que reciclar viejas propuestas. Para eso necesita reclutar, identificar y formar a las personas que integrarán los futuros cuadros del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil que lo fiscalizarán desde afuera. Afortunadamente, ya existen opciones en este sentido. Para mencionar una, la Escuela de Gobierno que posee la misión y visión de revalorizar la imagen del servidor público y brindarle las mejores herramientas técnicas de gestión y liderazgo.

Para potenciar la oferta académica que se produce en el país, Guatemala debiera reformar el servicio civil. Una buena y funcional ley de servicio civil protegería a los mejores trabajadores del Estado, para que ya no deban sus puestos y lealtad a compadres políticos. Como elemento adicional, se deberían de eliminar los pactos colectivos, incluso los sindicatos estatales. Si el Estado es fundamental para el desarrollo, no se puede tolerar que grupos particulares tengan la habilidad de paralizar sus funciones, ni llevarlo a la bancarrota con pactos colectivos lesivos.

Para optimizar la existencia de academias, como la referida Escuela de Gobierno, dedicada a la formación de los cuadros técnicos, estas deben mantenerse alejadas de la politización y de cuestiones ideológicas. Una sólida y rigurosa formación enfocada en planificación, presupuestos, evaluación de proyectos, modelos de administración, gerencia estratégica y proyectos, brindaría a los alumnos las competencias gerenciales y directivas básicas necesarias para la profesionalización individual y colectiva de los servidores públicos.

Es importante enfatizar en que, las necesidades del país en materia de escasez de talento humano capacitado para desempeñarse en el Estado no solo las pueden o deben llenar las universidades. De hecho, las universidades han fallado rotundamente en su oferta académica para la administración pública. Las universidades guatemaltecas no son, ni lo suficientemente flexibles ni lo académicamente desideologizadas, como para innovar los programas técnicos que los futuros servidores públicos necesitan.

En lo que la formación de punta de administradores públicos concierne, lo que importa es lo que se aprende, no más cartones y certificaciones que no garanticen lo que el portador sabe y debe hacer. No se necesita ser universidad para responder a la coyuntura y proveer una oferta académica clara que dicta lo que se aprende, cómo se aprende y para qué se aprende.

Para rescatar la institucionalidad del Estado guatemalteco, las tareas son claras. Habría que fortalecer las competencias de los administradores públicos por medio de la formación académica. Aunado a este proceso, urge una reforma al servicio civil. Asimismo, habría que remover la clase política actual y dejar de consultar la opinión de exfuncionarios públicos que se sirvieron, pero no sirvieron al país.

Nicholas Virzi
Colaborador
Revista GERENCIA
editorialgerencia@agg.org.gt