Desarrollo y economía para una vida saludable

Más hospitales y medicinas no garantizan la salud de la población

De 1820 hasta casi 1970 se documentaron en Inglaterra y Gales casos de mortalidad por tuberculosis, una enfermedad común en personas pobres, malnutridas y que vivían en hacinamiento. Durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, se había reducido la tasa de mortalidad, pese a que, durante ese período no se había descubierto el bacilo de Koch y tampoco existía un tratamiento eficaz.

Jorge Lavarreda,
del CIEN.

Para entonces, no habían clínicas ni hospitales, simplemente las personas contaban con mejor calidad de vida. La medición demostró que las condiciones de vida poseen relación directa con la salud, señala Gustavo Estrada, de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Rafael Landívar. “La relación entre salud y desarrollo no debe verse solo desde el crecimiento económico, el aumento del Producto Interno Bruto o los ingresos del país, sino desde una perspectiva que considere el desarrollo humano e integral”.

Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económico Nacionales, dice que es una relación de doble vía. “Es necesario, pero no suficiente, contar con una buena economía para alcanzar un buen sistema de salud”, indica.

Gustavo Estrada, de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la URL.

 

 

 

 


Estos problemas son atendidos por servicios de salud públicos y privados, que son insuficientes, ineficientes y fragmentados, y que han sido construidos sobre la base de la desigualdad, la pobreza, la discriminación, el racismo, los pocos ingresos por impuestos, la corrupción y el clientelismo político.
Según investigaciones realizadas por la Alianza por el Acceso Universal a la Salud (Accesa), los problemas de la salud en Guatemala están directamente relacionados con las condiciones de vida precarias. De esa cuenta, identifican como los problemas principales, las enfermedades cardiovasculares, la desnutrición infantil, la diabetes, el cáncer, los accidentes, la obesidad, el embarazo en la adolescencia, la violencia y la muerte evitable de madres y niños.

Sin embargo, hay una clave para comprender esta realidad: “la visión que predomina en Guatemala es que la salud se considera una mercancía, que se obtiene según la capacidad de pago de cada individuo o como un favor de las autoridades de gobierno que ayudan a la población con algunos servicios y medicamentos”, señala Accesa.

 

En este sentido, se obvia que la salud es un derecho garantizado en la Constitución Política de la República, y se ha generalizado la idea de que derecho a la salud significa tener más hospitales, centros y puestos de salud, y esto es lo que se busca y exige a los candidatos y a las autoridades. Sin embargo, el verdadero sentido de salud implica tener acceso a condiciones dignas de vida y servicios de salud integrales.

Condiciones de vida

Las dignas condiciones de vida implican acceso a la educación, recreación, vivienda y salario dignos que garanticen bienestar, agua potable, paz, alimentos y medio natural sano, afirma la asociación. Si una persona vive en estas condiciones su vulnerabilidad disminuye y es más probable que tenga una vida saludable.

Por el contrario, una persona puede vivir al lado de un hospital, pero si no cuenta con las condiciones descritas, vivirá enfermo, ya que los hospitales sirven para atender enfermedades, “como un fracaso de las condiciones de vida que no generan salud”, opina Estrada.

Lavarreda llama la atención en este punto, debido a la importancia de las comunidades en la prevención y promoción de hábitos saludables. También lo hace sobre la decisión individual en el cambio de comportamiento, porque se pueden mejorar las condiciones socioeconómicas de las personas, pero también puede continuar con los mismos hábitos, señala.

Mientras haya una economía que permita a los ciudadanos vivir mejor, estos serán más saludables. Esta relación lleva a comprender por qué en el país cada dos horas mueren tres niños por causas prevenibles como diarrea y enfermedades respiratorias. En realidad, estas personas mueren por problemas sociales, por condiciones de vida y no por salud, señala Estrada.

Como consecuencia, la salud debería comprenderse como un producto social. Por eso, países con economías más pequeñas como Belice o Costa Rica cuentan con poblaciones más saludables. “Nosotros tenemos una enorme carga de enfermedad”, señala Estrada.

Desde el gobierno de Álvaro Arzú se optó por el programa de extensión de cobertura, con el que, en lugar de que el gobierno tuviera contrato directo con la ciudadanía para proveerle servicios, los hacía con una organización no gubernamental. Las ong en los centros de convergencia eran atendidas por un auxiliar de enfermería y brindaban un paquete mínimo de atenciones destinado a algunas personas.

Esto dejó fuera a hombres, mujeres con problemas no reproductivos, niños mayores de 5 años, adolescentes y una amplia gama de enfermedades. “Esta es la razón por la que ahora tenemos indicadores de salud tan malos”, advierte Estrada.

Lavarreda dice que el problema con la salud es la poca claridad en las metas y objetivos. Estos son difusos, son “metas de reducción de enfermedad y de mejoras de indicadores”, una opinión que va en la línea de lo señalado por Estrada.
Las mejoras en indicadores de salud como la mortalidad materna o la desnutrición crónica infantil, por ejemplo, “se llevan a cabo en un contexto de transición demográfica, epidemiológica y nutricional”, dice el documento DesarrollApps, una propuesta para el desarrollo de Guatemala (Salud), del CIEN.

El estudio llama la atención sobre la necesaria integralidad de la visión y la participación de otros actores del Estado para construir un verdadero sistema de salud, por ejemplo el Ministerio de Educación.

Servicio social

El sistema de salud pública en Guatemala es precario y cuenta con una infraestructura capaz de atender a la población de 1950, pero no a la de ahora, reflexiona Estrada.

Por aparte, el sistema es fragmentado, dice Lavarreda. El Estado provee fondos para diversidad de proveedores: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Sanidad Militar, Policía Nacional Civil, programas de salud de entidades públicas, como el Banco de Guatemala y los programas de salud de las municipalidades.

El ciudadano y el empresario viven esta misma segmentación, que divide el esfuerzo y el gasto en cinco o seis partes. Es decir, que el contribuyente paga impuestos para sostener a todos esos proveedores de salud e, incluso, para pagar seguros privados .

Un elemento sociocultural importante es que, el sistema “descalifica los saberes de otros modelos de atención, como el maya”, y este es un elemento que se debe rescatar, comentan Lavarreda y Estrada.

La fragmentación también se da en la información, ya que el sistema de información ordinaria del MSPAS y del SIGSA únicamente abarca los servicios y acciones al interior del ministerio, sin conexión o relación con la información producida por el IGSS y otras instituciones del subsistema privado.

Salud y desarrollo económico

Es importante hacer una relación entre la salud y la productividad, ya que, tal como señala Accesa, “el desarrollo productivo de los países determina en alguna medida las características de los sistemas de provisión de los servicios de salud. Es importante mencionar que, según el Banco Mundial, Guatemala, es la economía más grande de Centroamérica, aunque también se ubica dentro de los países con mayores niveles de desigualdad en Latinoamérica.

Todas las actividades económicas requieren de una población laboral sana, cuyos cuidados se deben incluir como parte del costo de los insumos.

Durante las últimas décadas, la economía del país ha mantenido un crecimiento sostenido. Según datos del Banco de Guatemala, en 2014 la economía del país creció en un 4%. Sin embargo, de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano, Guatemala ocupa la posición 133 entre 187 países clasificados, y en Centroamérica se ubica en el último lugar.

En el documento Acceso universal a la salud, el colectivo Accesa llama la atención sobre el concepto de capital humano, el que se relaciona con la salud. De acuerdo con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), consiste en “conocimientos, habilidades competencias y atributos incorporados en los individuos y que facilitan la creación de bienestar personal, social y económico”, y en el ámbito de la salud, invertir en capital humano consiste en mejorar la salud emocional y física de los individuos por lo que las inversiones en salud generan incrementos en la productividad del trabajo.

Accesa añade que, las actividades económicas requieren de una población laboral sana, cuyos cuidados de salud se incluyen como parte del costo de los insumos.

En Guatemala no existe un plan
de metas sanitarias y cada vez que
comienza un nuevo gobierno se plantea bajar los indicadores.

Es importante recalcar que de acuerdo con la organización económica de cada país surgen necesidades particulares de atención de la salud de la fuerza laboral.

Esta puede ser una llamada de atención para la revisión de la ley orgánica del IGSS, una institución que, tal como señala Estrada, fue creada pensando en una sociedad que se industrializaría, posibilidad que nunca ocurrió, pero también para revisar las funciones del MSPAS y que sea realmente el rector de la salud pública quien dicte políticas que garanticen la atención para los trabajadores de actividades económicas como la minería, el cultivo de la palma, la industria del azúcar o al enorme porcentaje de población que depende de la economía informal, que ronda, según el ICEFI el 65% de la PEA.

De lo contrario, “en la medida en que los procesos productivos no recluten una población sana y educada, o los puestos laborales requieran una baja calificación dependiente, sino va de la mano con otros cambios en el Estado. Un elemento que el CIEN identifica como cambios sistémicos y no aislados. Un problema fundamental para los entrevistados es que no existe un plan de metas sanitarias y cada vez que comienza un nuevo gobierno se plantea bajar los indicadores, pero estos son mantener enfermedades y no se tocan las causas estructurales, ni se entiende la salud como un producto social, señala Estrada.

El CIEN enfatiza en que es importante la implementación de las reformas propuestas en lugar de centrarse en el diseño. Estas son fortalecer la gestión del MSPAS, que empieza por formar un equipo de especialistas que pongan especial atención a los procesos críticos para que desarrollen planes de acción que puedan monitorearse y que faciliten el ahorro, por ejemplo en la compra de medicamentos. Accesa considera que en este punto es importante atender cuatro ámbitos: la improvisación, la no evaluación, la fragmentación y la verticalidad. También se debe potenciar la capacidad rectora del MSPAS en la planificación en salud, coordinación con el resto de entidades, desarrollo de políticas, definición explícita del modelo de atención y modelo de calidad del primer nivel y el blindaje financiero de un nuevo pacto colectivo. Este punto es compartido por Accesa, que enfatiza la necesidad de desarrollar estándares de calidad, claros y realistas “para lo que se necesitan fondos”.

De igual manera, se sugiere desarrollar una propuesta de la red de servicios del MSPAS que incluya elementos de modelo de atención y una descripción de los elementos transversales en la red. Se propone también que se inicie un proceso de reclutamiento, capacitación y asignación del recurso humano que presta los servicios de salud. Uno de los principales problemas en este punto radica en la ubicación del personal del MSPAS.

Según datos de Accesa, el 67% de los médicos trabaja en la capital, el 10% en Quetzaltenango y el 0.87% en Quiché, solamente para poner un ejemplo de la alta concentración. Una vez más se comprueba que una economía concentrada se refleja en un sistema de salud similar.

Accesa llama la atención sobre la necesidad de que el personal contratado tenga la posibilidad de hacer carrera profesional. La quinta propuesta del CIEN se refiere a implementar acciones más efectivas para atender la morbilidad del país, con lo que se pretende mejorar la calidad del gasto público en salud y priorizar la prevención.

Finalmente, se sugiere invertir en agua y saneamiento ambiental en las zonas rurales del país, lo que va en la línea de atacar las causas. Accesa llama la atención sobre la “ciudadanía en salud” como un paso necesario para avanzar hacia la cobertura universal del sistema de salud.

Estrada afirma que los cambios en salud van de la mano con una reforma fiscal y con mejora en la rendición de cuentas. Pone el ejemplo cercano de Costa Rica, donde la Caja Costarricense del Seguro Social posee cobertura casi universal, o la de Brasil, en donde se contaba con un sistema de salud igual al de Guatemala, donde se paga un 37% de impuestos y donde se hizo el cambio, y ahora “el servicio de salud pública hasta hace cambio de sexo”, indica Estrada.

Estrada apuesta por un sistema público, universal y desde la perspectiva de la integralidad y de la importancia de mejorar las condiciones de vida, lo que permitiría ocuparse de la salud de las personas y no solamente de disminuir las muertes de la población vulnerable. Para Lavarreda, el sistema de salud implica salirse del esquema actual y considerar “cualquier intervención realizada con el objetivo de impactar en la salud de las personas”.

Roberto M. Samayoa O.
Periodista
Revista GERENCIA
editorialgerencia@agg.org.gt

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