Para ciudadanos de un país que residan permanentemente fuera del mismo, el voto desde el extranjero es un derecho observado por un gran número de naciones. De esa cuenta, el hecho de haber nacido en un lugar -o tener la nacionalidad, aun sin conocer el país- otorga el derecho vitalicio a participar en los diferentes procesos electorales que se organicen en aquel, independientemente de que ni siquiera regrese -o piense hacerlo- a su lugar de origen/nacionalidad porque lleva toda la vida viviendo en otro lugar e incluso tiene otra ciudadanía.
El voto, en resumen, está amarrado al lugar de nacimiento y lo puede ejercer mientras conserve la nacionalidad correspondiente. La nación, el concepto nacional, es un constructo artificial que describe muy bien José Álvarez Junco (Dioses útiles. Naciones y nacionalismos, 2016), “favoreciendo la difusión de la conciencia nacional por medio, sobre todo, de la educación pública”.
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Ese derecho al voto posee un lado oscuro sobre el que es preciso debatir ahora que se quiere implementar en Guatemala. Lo primero es que se ejerce por ciudadanos que viven fuera del país y que, mayoritariamente, no pagan tributos personales en él, como el ISR. De esa cuenta, la corresponsabilidad fiscal no es compartida y, consecuentemente, el votante que reside en el extranjero no sufre los errores que pueda cometer al votar por un mal político.
Si el país se endeuda, el gobierno promueve la corrupción, se contratan funcionarios por amiguismo o familiaridad y cuestiones similares -¿le suena?- los costos que se producen: económicos, de gobernabilidad, sociales, etc., no afectan a quienes llevan años viviendo fuera y allí se piensan quedar, a pesar de haber tenido el derecho a ejercer el voto.
Otro aspecto se refiere a las campañas políticas. Es muy posible que grupos organizados de migrantes, liderados o in fluidos en el extranjero para promover cierta candidatura, donen fondos para la misma e incluso esperen favores posteriores, como contar con leyes que les beneficien, a pesar de residir afuera. El TSE no puede fiscalizar el gasto más que en territorio nacional y la justicia está impedida de perseguir delitos, como el financiamiento electoral ilícito o el pago de favores, al no cometerse dentro de sus fronteras. En el país de origen no sería posible hacerlo. ¿Le suenan también ciertas acciones del FCN y de algún exembajador confirmado por el presidente Morales?
En definitiva, el derecho individual -coligado siempre a la responsabilidad- se disocia y se pretende ejercer con lujo de exigencias -lo primero- mientras lo segundo: la contribución nacional y la asunción de consecuencias, no afectan para nada a quienes viven fuera, a diferencia de quienes residen en el país que deberán asumir las consecuencias derivadas de su mala decisión y las de aquellos otros que voten desde el extranjero. Es, en definitiva, la promoción populista de políticas asistencialistas y el rechazo de aquellas otras que fomentan la responsabilidad en la toma de decisiones individuales.
A mi entender, lo correcto -pero sobre todo lo responsable- es que todo ciudadano -no necesariamente nacional- que resida permanentemente en un país y cumpla con sus obligaciones fiscales y el resto de los deberes, pueda y deba participar en las consultas que se lleven a cabo. Contrariamente, aquel que resida, permanentemente en otro lugar y/o pague sus impuestos allí, no debería tener derecho a participar puesto que no es corresponsable con el resto de los ciudadanos. Esta tesis es extensiva, igualmente, a quienes no están dados de alta en la SAT. De hecho, para incrementar la masa de contribuyentes y que la responsabilidad sea compartida, se debería crear un número único de identificación que sea al mismo tiempo de identidad y fiscal.
De esa forma, quienes deseen disfrutar de alguno de los denominados derechos sociales: salud, educación, USAC, IGSS, préstamos estatales, vivienda del estado, etc., deberían obligatoriamente estar dados de alta en la SAT -que paguen o no es otro asunto, porque pueden estar desempleados o tener un bajo salario- y así demostrar que son parte del activo de ciudadanos responsables que están dispuestos a cumplir con sus obligaciones.
Es lamentable que nos fijemos en los derechos como valor absoluto y olvidemos casi siempre emparejarlas con las responsabilidades. El Estado, como ficción jurídica que es, no cuenta con recursos propios y los que maneja son pagados por ciudadanos responsables que están de alta en la SAT (caso del ISR) o consumen bienes que tienen agregado el IVA. No es suficiente con afirmar que los migrantes envían remesas y con ellas se adquieran bienes con IVA, porque no todos lo hacen; pero, aunque así fuera, no pagan ISR ni otros impuestos directos que puedan cargarse a quienes desarrollan su actividad económico-comercial en Guatemala.
El derecho al voto de residentes en el extranjero no debe concederse alegremente porque sea algo que “hacen todos los países”. Es preciso reflexionar sobre el tema y sin muchas elucubraciones emparejar el ejercicio de derechos con las responsabilidades que conllevan. Al igual que no es de recibo -aunque se hace- que quien tiene hijos el Estado le conceda un bono o que paguen más impuestos los vehículos modernos que los antiguos, cuando estos últimos son los que más contaminan, tampoco lo es que quienes no residen en el país ni contribuyen con su impuesto sobre la renta y no sufren las consecuencias de las malas decisiones que puedan tomar, tengan el mismo derecho que quienes están en una situación exactamente opuesta.
Creo y practico que el voto debe ejercerse donde uno es ciudadano; es decir, en el país en que se reside y donde cumplen las correspondientes obligaciones, hacerlo de otra manera desconecta derecho con responsabilidad y crea una cultura de incumplimiento de deberes.
En el extremo de la reflexión o cómo ficción si se legisla afirmativamente, ciudades como Los Ángeles pueden decidir quien será el nuevo presidente de Guatemala.
Pedro Trujillo
Consejero Editorial
Revista GERENCIA
www.miradorprensa.blogspot.com