Equidad en las empresas
Aún hace falta dar pasos importantes para la inclusión plena de las mujeres en el ámbito empresarial
Tradicionalmente se considera que la mujer debe ocupar únicamente los espacios privados, los públicos están reservados para hombres. En el ámbito laboral, las mujeres se enfrentan a situaciones en las que se les dificulta combinar roles de género tradicionales, como la maternidad y el matrimonio, con roles disruptivos como la soltería, el dedicarse a actividades alejadas de las ciencias exactas o del trabajo físico o relacionado con maquinaria.
Para las mujeres es complejo acceder a espacios de decisión política, a formación académica, a desarrollo profesional y a puestos de decisión en ámbitos legales, económicos y empresariales. Según las Naciones Unidas (NU), en 2013, solamente el 24% de las mujeres ocupaban puestos de dirección a nivel global. En la vida diaria muchas mujeres se enfrentan a criterios y normas empresariales que limitan su pleno desarrollo; probablemente, porque estas fueron planteadas en otro momento y con criterios ya superados.
Aunque se han logrado avances en cuanto a legislación y a la formulación de políticas públicas, hacen falta acciones concretas en el mundo empresarial. La equidad de género se ha convertido en una prioridad en la agenda global, excepto para el Congreso de la República de Guatemala, quien no aprobó la propuesta de paridad en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en 2016, a pesar de que los datos son contundentes, de 158 diputados, solamente hay 23 mujeres y solo 2 jefas de bancada. En los 337 municipios, solamente 8 son mujeres y de estas, 1 es indígena y Equidad en las empresas Aún hace falta dar pasos importantes para la inclusión plena de las mujeres en el ámbito empresarial solamente una mujer posee un cargo de ministra.
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de NU señalan que “la igualdad de género y la participación plena de las mujeres en la esfera pública y privada son elementos fundamentales para acelerar los resultados del desarrollo sostenible, en donde el sector privado juega un papel esencial”. NU señalan que persisten brechas de género, las que se deben reducir con la participación del sector privado como actor clave.
Por ejemplo las mujeres tienen una participación laboral de solo el 52.6% frente al 81% de los hombres. Las mujeres se enfrentan a una brecha salarial del 17%, en comparación con los hombres, llegando en algunos casos a tener una diferencia del 30%. Existe también lo que se llama pobreza de tiempo y que consiste en que las mujeres llevan una carga desproporcionada de trabajo de cuidado no remunerado con hijas, hijos, madres, ancianos, enfermos, “lo que les priva de tiempo y oportunidad de ganar dinero, adquirir nuevas habilidades o participar en la vida pública”.
Uno de los ámbitos donde las mujeres están sobre representadas, según estudios de las NU, es la economía informal. Floridalma Contreras, del Sindicato Independiente de Mujeres Trabajadoras Domésticas, Similares y a cuenta propia (Sitradomsa), señala que este es “un sector altamente vulnerable, desprotegido legalmente, en donde muchas mujeres desconocen sus derechos como mujeres y trabajadoras”.
Contreras señala que el aporte económico que las 200 mil mujeres que en el país se dedican al trabajo doméstico no es reconocido y en muchos casos trabajan con “tratos deshumanizados y con salarios por menos de Q1,000 mensuales”. Este trabajo está regulado bajo un régimen especial del Código de Trabajo que limita sus derechos”, señala Contreras.
Añade que, en el caso de las maquilas, donde hay 100 mil trabajadores, el 90% son mujeres, estas cuentan con salario diferenciado en cuanto al salario mínimo actual para las ramas agrícola y no agrícola, y laboran por más de 12 horas diarias.
El Sitradomsa tiene casos reportados de apropiación indebida de cuotas de seguro social, las que les son cobradas pero no reportadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), quien tampoco tiene herramientas efectivas de monitoreo y control. Aunque lo ideal es que los abusos sean reportados, esto no sucede en parte porque debido a las pocas ofertas de empleo “las mujeres prefieren aguantar, trabajar en condiciones deplorables, soportar la carga, no perder el único y escaso ingreso que tienen para sus hogares”, señala Maritza Velásquez, de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, Domicilio y Maquila (Atrahdom).
Para Velásquez, la legislación guatemalteca y los convenios ratificados por el Estado de Guatemala son efectivos y defienden los derechos de igualdad salarial, protección a la maternidad, el derecho a la organización y a la negociación colectiva. Sin embargo, el Gobierno tampoco cuenta con una política de generación de empleo y ante la falta de cumplimiento de las normas hay también ausencia de persecución a empresarios y empleadores que incumplen las normas.
El Ministerio de trabajo (Mintrab), como institución tutelar debe contar con una política de empleo incluyente que garantice el respeto al derecho laboral y la posibilidad de las mujeres de acceder a una oportunidad de empleo, señala Velásquez. Según análisis hecho por Atrahdom, las mujeres son víctimas de discriminación por trece motivos: por ser mujeres, indígenas, pobres, pertenecer a una religión, ser de un partido político específico, ser sexualmente distintas, vivir con VIH, no pasar la prueba del polígrafo, vivir en una zona determinada como violenta, haber sido privada de libertad, por la edad, por ser una persona con alguna discapacidad y por apariencia física.
Velásquez comenta que debería atenderse lo indicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una instancia de las UN en la cual el sector privado organizado y los gobiernos son contraparte, la cual demanda que en sus estados miembros, hasta un 3% de mujeres, personas de grupos étnicos, de distintas edades y con capacidades especiales deben ser contratadas.
Contreras dice que las deficiencias de la Inspección General del Trabajo son en relación con el monitoreo y vigilancia de los derechos laborales de las mujeres, en particular con el Convenio 100, sobre igualdad de remuneración, ratificado por Guatemala en 1953 y con el Convenio 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación ratificada por el Estado de Guatemala en 1958.
Ambas expertas coinciden en que la legislación no es suficiente para garantizar un cambio en los paradigmas de participación y desarrollo laboral y profesional de las mujeres. Velásquez afirma que hay una cultura de desigualdad en cuanto a la paridad de los puestos de dirección de las empresas y organizaciones. En muchos casos, expresa Velásquez, las mujeres siguen siendo consideradas únicamente como reproductoras de la especie y no se valora su intelecto, la capacidad académica o su capacidad de emprendimiento.
Contreras señala que la desvalorización, el acoso, el hostigamiento son parte de lo que enfrentan las mujeres, ya sean profesionales o no. Todavía hay lugares en donde las mujeres son tratadas “como ciudadanas de segunda categoría y relegadas a segundo plano”. Se asume dentro del sistema que las mujeres deben demostrar continuamente su capacidad y se da por sentado que no pueden asumir retos y compromisos, señala Contreras.
Incluir la perspectiva de género en las empresas y organizaciones va más allá de utilizarlos en el lenguaje. Este es un tema nuevo en el que hay mucho por construir. El PNUD apoya a gobiernos y empresas a que se construyan herramientas para cerrar las brechas de género, como políticas y planes de igualdad laboral, ejercicios de presupuestos con perspectiva de género, construcción de normas nacionales del sello de igualdad de género, desarrollo de protocolos de prevención y atención en materia de acoso laboral y acoso sexual en el marco del trabajo y sensibilizaciones en materia de empoderamiento de la mujer y construcción de masculinidades distintas.
Roberto M. Samayoa O.
Periodista
Revista GERENCIA
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