La elección de Fiscal General

El proceso de elección de Fiscal General (FG) ha sido tradicionalmente cuestionado, debatido, influenciado y hasta corrompido. La trascendencia de contar con un FG “adecuado” permite promover la correcta persecución penal y romper el círculo de impunidad que ha imperado.

En esta ocasión el proceso toma una importancia superior. El papel, relativamente reciente, de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio Público (MP) ha elevado el clima de crispación como consecuencia de casos revelados relacionados con graves delitos: corrupción, lavado de dinero, cohecho, etc. Se esté o no de acuerdo con el papel desempeñado por esas instituciones, la polarización existente posiciona el debate entre la continuidad del sistema actual y su forma de operar y la contrapuesta, que desea revertir la manera de proceder. De esa cuenta, la polarización está servida y, consecuentemente, la importancia de quien sea el nuevo FG suficientemente remarcada.

Por otra parte, la comisión de postulación -tradicionalmente cuestionada- se ha constituido y acordado las reglas que seguirán para la selección de sus candidatos. En esta ocasión, la fiscalización es más detallada por parte de múltiples organizaciones de la sociedad civil que persiguen evitar los compadrazgos, los acuerdos fuera de la ética que debe imperar en el actuar de los integrantes o las componendas políticas de las que tradicionalmente han sido señaladas.

Si a todo lo anterior se suma el ambiente político, producto de una falta de credibilidad en el Congreso y de graves señalamientos al Ejecutivo entre otros factores diversos, el polarizado clima social se centra y pone todo su énfasis en esta elección porque puede ser el punto de inicio de una nueva forma de actuar en la persecución penal o, por el contrario, la continuación de la existente.

Cualquiera que sea el resultado, debe prevalecer la razón y dejar de lado, en la medida de lo posible, la emotividad del proceso. El país debe consolidar el Ministerio Público y eso se logra con seleccionar los mejores perfiles y nombrar al más adecuado. Seguir “jugando” a elegir el FG que mejor represente los intereses de cualquier grupo es incidir negativamente en consolidar un MP que ha venido por tiempo sin encontrar el rumbo, aunque “enderezado” hace apenas unos años. La certeza jurídica es uno de los pilares básicos de cualquier Estado de Derecho, lo que requiere de una cadena de instituciones eficientes; el MP es, sin duda, una de ellas.

En esa racionalidad que debe predominar en el debate, es preciso aclarar que ninguna persona es imprescindible si lo que se quiere es conformar institucionalidad. Por ello, pensar que un MP sin la actual FG -Thelma Aldana- o una CICIG sin el comisionado que ahora la preside -Iván Velásquez- es pensar más en personas que en sistemas, lo que no produce el efecto deseado. Baste recordar que este debate personalizado ya se tuvo en el proceso anterior, aquel en el que Claudia Paz y Paz era presentada como la “única” adecuada para proseguir la línea que se emprendió, cuando ha quedado demostrado que el relevo sirvió, incluso, para mejorar procesos, formas y posicionamiento.

Es lamentable que el perfil de FG deba, parcialmente, definirse en cada comisión de postulación, dejando la certeza del puesto al momento de la publicación de las condiciones y no estando establecido previamente como la lógica y las garantías indicarían. En todo caso, se requiere un perfil de jurista experimentado en la investigación y en el sistema judicial. Algo así como un juez que haya trabado en el MP o viceversa y que, de preferencia, haya presidido alguna sala de apelaciones o tribunales superiores.

La experiencia académica es importante, por cuanto permite que la persona seleccionada cuente con la actualización necesaria y la experiencia en el debate y la discusión de la filosofía jurídica, más allá de la normativa, y esté actualizada en aquellas nuevas dinámicas que predominan en el mundo occidental y los aportes que la juventud trae en orden a modelos, valores, formas y dinámicas. Finalmente, el tema de la honorabilidad y las tachas es algo sensible y de percepción diferente por ser, en muchas ocasiones, difícilmente objetivo. Deben desecharse postulantes que posean sentencia formal y considerar de igual forma a quienes son defensores habituales de personas relacionadas con graves crímenes, al igual que si están acusados de ellos: narcotráfico, crimen organizado, asesinato, lesa humanidad, lavado de dinero, etc.

En esta ocasión, a diferencia de lo que he podido experimentar en otras anteriores, creo que hay una especie de consenso más amplio sobre las bondades a destacar y el perfil a buscar. Percibí en otros procesos que cada grupo u organización quería su “tipo de fiscal”, asociado a persecuciones (o no) de delitos asociados con el conflicto armado interno.

Actualmente, se ha dejado a un lado ese tema y el debate oscila entre contar con alguien independiente y capaz que pueda seguir el modelo iniciado por la actual FG y otro que, aun con el mismo discurso, le dé un importante giro a lo que está ocurriendo. En ambas opciones, el número de grupos está desequilibrado (más en el primero que en el segundo) y la discusión ideológica, producto del conflicto vivido, ha dejado su lugar a otra temática sobre golpes de estado, pactos de terroristas, venezolanización de la política o persecución selectiva. Al menos pareciera, aparentemente, haberse superado un momento histórico que hasta ahora estaba tan presente y presidia todo el debate.

Es necesario esperar a ver si la razón prima más que la emoción y sirve para que el país continúe en la dirección adecuada, algo también difícil de determinar.

Pedro Trujillo Consejero Editorial Revista GERENCIA editorialgerencia@agg.com.gt